Noviembre de 2012. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió una sentencia en la que anulaba el plan sectorial de incidencia supramunicipal de Ence aprobado en 2003 y que tenía como objetivo, entre otras cuestiones, dar cobertura al proyecto de la fábrica de papel tisú que la pastera pretendía construir en Lourizán. Para el Concello de Pontevedra, aquella sentencia era una gran victoria ya que obligaba a Ence a acatar y someterse a su disciplina urbanística. Para la empresa y la Xunta, el fallo judicial apenas modificaba su situación en la ría de Pontevedra ya que tan solo vetaba el proyecto frustrado para cerrar el ciclo del papel en Lourizán, pero no cuestionaba el resto del proyecto sectorial. El fallo sí declaraba "la ineficacia del proyecto en tanto no se procede a la publicación de su contenido normativo en el DOG". Siguiendo este argumentario, tras conocerse la sentencia, tanto la empresa como la Xunta restaron importancia a la misma y, de hecho, desde el propio gobierno gallego se anunció que se limitarían a acatarla publicando el plan sectorial en el Diario Oficial de Galicia, algo que ocurrió el pasado mes de diciembre. Una maniobra con la que pasaban página y daban por cumplida una sentencia que no era firme, sino que podría ser elevada en casación ante el Tribunal Supremo.
Así las cosas, el concello de Pontevedra daba por firme la sentencia del TSXG al no ser recurrida por parte de la Xunta. Entendían que el ejecutivo gallego la daba por cumplida, de tal forma que incluso el gobierno local presentó ante el Tribunal con sede en A Coruña un incidente de ejecución de sentencia que anunció hace apenas unas semanas. Con esta maniobra pretendían que el TSXG aclarase si se daba por ejecutada la sentencia con la publicación del plan sectorial en el DOG, tal y como defendía la Xunta; o por el contrario y como defienden desde Pontevedra, el fallo supone que la fábrica de Lourizán deba someterse a las decisiones urbanísticas del ayuntamiento.
Por este motivo, en el Concello la perplejidad fue mayúscula cuando a última hora de la tarde del jueves los servicios jurídicos recibían la notificación de que la Xunta sí había recurrido dicha sentencia que anulaba dicho plan sectorial. La sorpresa era doble, en primer lugar por recibir en febrero un recurso que se había presentado en noviembre; y, por otra parte, por la postura de la administración autonómica que decidía recurrir un fallo judicial que en diciembre dijo "acatar" con la publicación en el DOG del plan sectorial. Para el concejal de Ordenación del Territorio del Concello de Pontevedra, César Mosquera, no deja de ser llamativo que la Xunta decidiese recurrir una decisión judicial que "según ellos no les afectaba para nada y que estaba ya subsanada". Considera que esta maniobra del ejecutivo autonómico es un síntoma de que la batalla judicial que el Concello ganó ante el TSXG tiene más trascendencia de lo que la Xunta y la propia Ence reconocen en un primer momento.
Por este motivo, están preparando para personarse ante el Supremo y solicitar que se rechace el recurso planteado por la administración autonómica, confirmando el fallo emitido por el TSXG en noviembre.
