Una vecina de Pontevedra acudió a los tribunales para intentar recuperar un piso embargado a Manuel Franco Argibay en el transcurso de la Operación Cormorán y que actualmente está en manos del Estado tras la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia de Pontevedra en la que se condenaba al abogado pontevedrés a una pena de tres años y cuatro meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales. La mujer reclama el piso, ubicado en la calle Padre Gaite, como de su propiedad al asegurar que figuraba a nombre del letrado en el Registro de la Propiedad como consecuencia de un engaño.
La vista oral por esta reclamación civil se celebró ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Por una parte, el letrado de la mujer que reclama la propiedad del inmueble a través de una demanda de tercería; en frente, el abogado del Estado como propietario actual del edificio. Ahora, lo más probable es que la Sección Segunda resuelva este litigio favorablemente a los intereses de la mujer en tanto que el abogado del Estado aseguró al tribunal que no "encontraba razones para oponerse" a su demanda.
De hecho, el representante de la administración no dudó en recordar que la sala "es perfectamente conocedora" de los métodos del abogado pontevedrés puesto que precisamente fue la Sección Segunda quien condenó a Manuel Franco por blanqueo, junto con la práctica totalidad de los acusados en la "Operación Cormorán". De hecho, ni siquiera fue necesario el interrogatorio por parte del juez a varios testigos al reconocer el abogado del Estado que, efectivamente, Franco Argibay pudo obtener la titularidad formal del inmueble como consecuencia "de un posible engaño". Argibay habría utilizado una de sus múltiples empresas fantasmas, Galidisney, para lograr figurar que esta entidad figurase como propietaria del piso.
Cabe recordar que las arcas del Estado se embolsaron recientemente un patrimonio de unos 15 millones de euros (que el paso del tiempo habría devaluado fuertemente) como consecuencia de los decomisos de la Operación Cormorán.
Entre los chalés, viviendas, locales comerciales, dinero en metálico, vehículos de alta gama, obras de arte, joyas y fondos de inversión decomisados a la red del narco José Antonio Pouso Rivas, alías "Pelopincho", faltaba casi un millón de euros que su asesor, el abogado Franco Argibay, desvió a un paraíso fiscal. El dinero nunca pudo ser recuperado por lo que el juzgado procedió a decomisar una lista de propiedades del abogado pontevedrés entre las que figuraba este inmueble de la calle Padre Gaite de Pontevedra y con las que se cubría así la cantidad evadida. Tras la sentencia condenatoria, todo este patrimonio pasó a manos del Estado.
Aunque diversas fuentes consultadas reconocen que se trata de un caso "poco común", añaden que podría no ser la única reclamación de dominio de tercería sobre las propiedades embargadas en el caso de Cormorán debido a las maniobras que realizaba Franco Argibay.
Condenado por estafa
El abogado permanece en prisión cumpliendo esta condena por blanqueo de tres años y cuatro meses de prisión a la que hay que sumar otra pena de cuatro años de cárcel por estafa. Curiosamente, la Audiencia le impuso esta última condena por hacerse con la titularidad de parte de un edificio ubicado en la calle Manuel del Palacio y que realmente pertenecía a un cliente suyo.
