Once meses después de finalizada la vigencia del convenio colectivo en el sector de la alimentación quedó constituida ayer la mesa de negociación para abordar la actualización del marco laboral. El primer encuentro no dio para más. El inicio del diálogo tendrá que esperar toda vez que la patronal del sector planteó la necesidad de retrasar hasta después de la campaña navideña, seis de febrero, la apertura de la negociación.

La propuesta es rechazada por los sindicatos (UGT, CC OO y CIG) que emplazan a los representantes empresariales para el próximo 10 de diciembre.

La discrepancia sobre la fecha del arranque real de la negociación llevó ayer al representante de la Federación de Comercio de UGT, Carlos Esperón, a valorar con un categórico "francamente mal" el resultado de la primera toma de contacto entre las partes. En cualquier caso esperarán a recibir la notificación de la próxima cita para constatar si la patronal reconsidera su postura y adelanta el inicio de la negociación.

Los trabajadores del comercio están convocados hoy por los tres sindicatos a una asamblea para decidir acciones de presión para forzar de este y de otros diez convenios provinciales del sector que también están caducados.

El convenio pontevedrés de la Alimentación regula las condiciones laborales de cerca de 15.000 trabajadores de la provincia, sobre los que pesa la amenaza de quedarse sin marco laboral de referencia. Si antes de ocho meses no se actualiza quedará al arbitrio del empleador establecer y/o pactar salarios, horarios y derechos sociales con la única obligación de respetar el Estatuto de los Trabajadores que marca como emolumentos mínimos el salario mínimo interprofesional: hoy 641 euros mensuales.