El Concello de Marín ha iniciado el procedimiento de caducidad de la licencia de un edificio. Se trata del permiso de construcción concedido a la promotora del inmueble situado en la intersección de las calles Concepción Arenal y Avenida da Cañota. Al no poderse realizar la notificación personal de esta resolución, a instancias de la empresa Belino Marín S.L., la alcaldesa, María Ramallo, lo ha notificado mediante el Boletín Oficial de la Provincial, siguiendo el acuerdo de la xunta de goberno local del pasado 1 de agosto.
En las últimas semanas el Concello ha procedido también a la retirada de una grúa de obra y de una caseta situadas también en la Avenida da Cañota, liberando la calle para instalar los servicios del saneamiento y mejorar las aceras y los accesos.
Por otra parte, en la última xunta de goberno local se recibió un escrito de concesión de una ayuda de 4.601 euros para los gastos de funcionamiento de la Escola de Música, así como la comunicación de unas bolsas para jóvenes titulados universitarios sin experiencia laboral, dentro de un plan de Formación de la Diputación Provincial.
En esta xunta de goberno local también se aprobó la contratación de "asistencia judicial del Concello de Marín y asesoramiento jurídico de la Alcaldía" por un importe de 70.800 euros anuales. Para ello convocó un concurso público, al que presentaron ofertas seis letrados y despachos de abogados.
Son Félix J. García González; Colón Abogados & Asesores Tributarios S.L.P.; Calixto Escariz S.L.U.; Enrique Jesús Besada Ferreiro; Feliciano Nogueira Vidal y la Unión Temporal de Empresas Arauz de Robles de la Riva y Costas Mira. Tras descartarse las ofertas de los tres últimos por defectos de forma, concurrieron a la licitación los tres primeros.
Puntuados los baremos de oferta económica, experiencia en asistencia a entes públicos, en asesoramiento jurídico a la Alcaldía y actividad docente, finalmente resultó elegido el letrado que ya desempeñaba esta función en el Concello de Marín, es decir, Félix J. García González.
La oferta económica de éste fue la peor puntuada por el tribunal, con 11,63 puntos frente a los 45 y 44,99 de los otros ofertantes, pero obtuvo la mayor puntuación en asesoramiento jurídico a la Alcaldía (6 puntos frente a 0 de sus rivales), y en asistencia judicial a entes públicos (30 puntos).
La renovación del contrato suscitó las críticas de los grupos de nacionalista y socialista, principalmente por lo que se refiere al importe. "Resulta ridículo que, tanto la alcaldesa como el delegado, afirmen que le están dando máxima prioridad a ese asunto (en referencia a la retención de tributos del Estado), cuando en medio de este caos nos encontramos un expediente de contratación de un asesor personal a la alcaldesa por valor de casi 300.000 euros. Esas son las prioridades de este gobierno", criticó la portavoz del BNG, Pilar Blanco.
