El Real Decreto 1.483/2012 del 29 de octubre abre las puertas a la aplicación de ERE extintivos en las administraciones públicas, en principio para trabajadores laborales (no funcionarios) lo que implica que 4.746 empleados públicos de la comarca de Pontevedra son, desde ya susceptibles de despido.
Es la denuncia que hacen sindicatos como CC OO que advierte, por boca de su responsable comarcal del área de Función Pública, José Piñeiro, que esta medida es "solo el primer paso". Después será la hora de los funcionarios, augura. Un colectivo que en la comarca alcanza las 9.384 personas.
El impacto del Real Decreto será distinto en función de las administraciones, ya que tal como apuntan desde Comisiones Obreras mientras que la Xunta de Galicia y Estado tienen en sus plantillas de Pontevedra una ratio de cerca de 30% laborales frente a un 70% de funcionarios en el caso de la Diputación Provincial y concellos de la zona la ratio se invierte hasta alcanzar el 68% de contratados laborales frente a un apenas 32% de funcionarios.
Es una medida "injusta y discriminatoria", en opinión de CC OO, ya que solo contempla como regulación el despido y no los ERE suspensivos o de reducción de jornada como el sector privado.
