El futuro de la planta de Ence en Lourizán a partir de 2018 continúa siendo una incógnita, a causa de la próxima reforma de la Ley de Costas que abriría la puerta a una prórroga de esa concesión. Y el Gobierno central, principal protagonista en decidir ese futuro, mantiene de forma constante esa incertidumbre. Las explicaciones que se ofrecían hasta ahora por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de la consellería homónima apuntaban a que cualquier posible prórroga de la concesión de Costas a Ence debía pasar ineludiblemente por un informe previo y vinculante de la Xunta. Sin embargo, ahora parece que entran en juego otros factores, en especial el judicial, en vista de los numerosos pleitos aún abiertos sobre este asunto.
Un nuevo capítulo de este "culebrón" acaba de saltar ahora a la luz, en plena precampaña electoral, con la publicación de la última respuesta oficial, fechada en julio pero publicada hace apenas unos días, que el Gobierno ha dado a una pregunta del BNG en el Congreso. En esta contestación se recuerda que en mayo de 2011 la Audiencia Nacional admitió en parte un recurso de la asociación Salvemos Pontevedra y ordenaba abrir un expediente para declarar la caducidad de la concesión de la empresa, independientemente de los plazos que pueda fijar la Ley de Costas. Esa orden ha sido recurrida por el ministerio y la decisión sobre la continuidad de la pastera depende ahora, según Medio Ambiente, de lo que siga al respecto el Tribunal Supremo. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete niega que haya mantenido conversaciones con Ence sobre este asunto en estos meses.
De entrada, la respuesta en el Congreso a la diputada del BNG Olaia Fernández Davila, menciona las dos recientes sentencias contra la declaración de supramunicipalidad de la Xunta y que amparaban la fábrica de papel tisú que en su día diseñó la empresa en Lourizán. Al respecto, el Ministerio de Medio Ambiente solo "ha tenido conocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre los recursos presentados por la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, por las noticias aparecidas en prensa dado que no era parte en estos procedimientos judiciales". A renglón seguido recuerda que "Ence se encuentra situada sobre el dominio público marítimo-terrestre por concesión administrativa de 13 de junio de 1958, otorgada a perpetuidad", si bien, "tras la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, y de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 66.2, que declara que en ningún caso los plazos concesionales pueden exceder de 30 años, el plazo de la concesión pasó a extinguirse el 29 de julio de 2018".
Comienza aquí a explicar el pleito judicial que podría decidir el futuro de la planta de Lourizán: "Mediante sentencia de 19 de mayo de 2011, la Audiencia Nacional estimó en parte el recurso de la Asociación Salvemos Pontevedra condenando a la Administración a la incoación del expediente de caducidad de la citada concesión y a la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones que correspondan, todo ello, sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de la incoación del procedimiento de caducidad". Aclara el ministerio que "el fundamento de la estimación parcial del recurso se basa en que al tratarse de un supuesto en el que el silencio tiene carácter positivo, la petición formulada en vía administrativa de incoación del expediente de caducidad debería entenderse estimada".
Al rechazar el argumento del "silencio positivo" la Abogacía del Estado "presentó recurso de casación el 29 de diciembre de 2011, fundamentado esencialmente en el rechazo a la aplicación del silencio positivo en este supuesto" y lo que responsa al respecto el Supremo es ahora, al parecer, la clave del asunto, ya que, según el Ministerio, "en estos momentos, el Tribunal Supremo todavía no ha dictado auto resolviendo sobre la admisibilidad del recurso de casación", si bien en mayo pasado si se pronunció acerca de un recurso formulado por Ence, al no admitir dos de los motivos que esgrimió la empresa.
De hecho, el gobierno central apunta que "en este contexto, el ministerio está estudiando la situación de la empresa Ence dentro del marco que implica la resolución del recurso de casación interpuesto ante el Supremo y la regulación de la vigente Ley de Costas, relativa a la duración del plazo de concesión". Concluye diciendo que Medio Ambiente "no ha mantenido ninguna reunión con la empresa Ence para tratar del tema" citado.
