Una condena a tres años y un día de cárcel a tres sindicalistas que participaron en Pontevedra en una huelga de comercio en 2009 fue criticada ayer por la Ejecutiva confederal del sindicato CIG, que expresa su "más absoluta repulsa" por el fallo judicial. Los tres sindicalistas, dos de CIG y uno de CC OO, fueron condenados por participar en dicha huelga del comercio de alimentación, subrayó la citada organización.
La sentencia establece penas de tres años de prisión para Marcos Cardóniga, liberado sindical de CIG-Servizos, y para Carlos Alján, delegado de esa organización en la cadena de supermercados Froiz, y un año de prisión para el miembro de CC OO Carlos Búa.
"Es una sentencia que la Ejecutiva considera absolutamente desmedida", señala CIG en un comunicado y apunta que "tiene como objetivo criminalizar el sindicalismo y limitar su capacidad de actuación en la defensa de los derechos de los trabajadores".
La sentencia ha sido dada a conocer por el Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra, según el sindicato, que opina que "la justicia no es igual para todas las personas".
En ese sentido apunta que "mientras se envía a prisión a estos trabajadores, el sistema elude su responsabilidad con ladrones de guante blanco o contra defraudadores que actúan con total impunidad".
Durante la vista oral, celebrada el pasado 26 de junio, los tres acusados reconocieron que habían entrado en el supermercado para informar de la huelga e instar a los trabajadores a sumarse a ella pero insistieron, a preguntas de los letrados, en que no amenazaron ni coaccionaron a nadie y mucho menos causaron destrozos. Si hubo tensión fue la propia de una situación de conflicto laboral, ni más ni menos.
La fiscal sostuvo que cometieron un delito contra los trabajadores tipificado en el artículo 315.3 del Código Penal al conminar "de manera airada y coercitiva" a un grupo de trabajadores de un supermercado de la calle Benito Corbal de la capital a sumarse a la jornada de huelga que vivía el sector de la Alimentación el 27 de noviembre de 2009 para forzar la firma del convenio provincial.
Previamente habían declarado varias trabajadoras del supermercado, que explicaron que los acusados habían entrado en el establecimiento y les habían dicho y advertido que cerrasen y se fuesen para casa, que "era mejor porque iba a venir el piquete", evocaron dos de ellas.
