La "economía sumergida" y el intrusismo se ha convertido, en plena crisis, en el principal objetivo de la asociación de autónomos APE-Galicia, que preside el pontevedrés José Ramón Caldas, que ha emprendido una campaña de denuncias y gestiones ante las instituciones para sacar a la luz la "proliferación", de lo que denominan "talleres clandestinos" para reparar coches en bajos particulares, la venta de vehículos en plena calle o los trabajos eléctricos realizados por "personas no autorizadas". En el marco de este campaña, el colectivo ya ha trasladado sus demandas al delegado del Gobierno, Samuel Juárez, al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda y a numerosos concellos.
Uno de los casos de intrusismo que más inquieta a APE-Galicia es el de los talleres ilegales de reparación de vehículos. En estos últimos meses, los autónomos han detectado la presencia de al menos 151 locales "clandestinos" en la provincia, de los que 34 se ubican en once municipios de la comarca: Pontevedra (nueve casos), Poio (cinco), Sanxenxo (cuatro), Cuntis (tres), A Lama (tres), Moraña (tres), Campo Lameiro (dos), Vilaboa (dos), Marín (uno), Barro (uno) y Ponte Caldelas (uno). Fuera de la comarca destacan los casos de Vigo (24 denuncias), Porriño (11) y Lalín (7).
Las denuncias, formuladas ante la Policía Autonómica y, según Caldas, también ante el Seprona, no han podido ser ratificadas en todos los casos. De hecho, APE-Galicia explica que 53 expedientes fueron desestimados "ya que después de un reconocimiento por la zona, se no se observaron actividades anormales". Sin embargo, los autónomos insisten en sus denuncias porque "la mayor parte de estos talleres ilegales se sitúan en el bajo de domicilios particulares, por lo que la capacidad de inspección se restringe mucho. De hecho -añade- vecinos preguntados al respecto afirman haber visto movimientos sospechosos, pero esa actividad cesa cuando se corre la voz de que la Policía realiza vigilancias". En otros 27 casos si se constató esta actividad "clandestina" por motivos como "falta de licencia y autorizaciones pertinentes, o falta de gestión de residuos".
Esta campaña contra el intrusismo y la economía sumergida se inició en enero pasado, tras un acuerdo de la junta directiva, en la que se analizó un reciente Real Decreto al respecto y se puso sobre la mesa la conclusión de que "la economía sumergida puede considerarse como un problema histórico ya que en realidad y en contra de lo que pudiera parecer, no aumenta significativamente con la crisis. Por eso -añade- la lucha contra este fenómeno es una antigua reivindicación de los autónomos y las pequeñas empresas, ya que este problema y su importancia es minusvalorado desde hace tiempo", se quejan los afectados. Y es que creen que no son precisamente parados los que realizan estas actividades ilegales, sino personas con otros empleos los que abren estos "talleres clandestinos", lo que acrecienta el malestar de los autónomos. "En contra de lo que popularmente se cree, no son las personas en situación de desempleo que hayan agotado sus prestaciones las que desempeñan este tipo de trabajos en mayor medida, sino que un muy amplio porcentaje son personas con otros empleos y funcionarios públicos", según detalla un informa interno de APE-Galicia.
En su intento por implicar a las administraciones en esta lucha, los autónomos hacen hincapié en el "impacto sobre la recaudación" de impuestos, también denuncian que este fenómeno "afecta negativamente a la competencia empresarial y al mercado de trabajo, falseando las estadísticas del paro y generando más desempleo".
"Irregularidades" en instalaciones eléctricas y de calefacción
El fenómeno del intrusismo no solo se detecta en el sector de la reparación y venta de coches sino que ha sido denunciado también en las instalaciones eléctricas y de calefacción. En el primer caso, APE-Galicia lo considera especialmente grave ya que se han detectado "irregularidades" en la "instalación de alumbrados públicos no autorizados" en concellos como Pontevedra (con casos específicos en Marcón y Pontesampaio), Marín, Campo Lameiro, Caldas de Reis y Poio (citando expresamente Combarro). Al respecto, los autónomos reclaman a la Consellería de Industria que "se identifique a las empresas que firmaron los boletines pertinentes".
En cuanto al "intrusismo" en el sector de fontanería y calefacción, la asociación Foncalor (integrada en APE-Galicia) ha formulado "quince denuncias de trabajadores ilegales y 68 denuncias de instalaciones fraudulentas, facilitando el nombre completo, teléfonos, domicilio y otros datos para permitir la identificación de los denunciados". Sin embargo, se quejan de que no han recibido respuesta alguna de la administración por casos detectados en Pontevedra, Vilagarcía, Bueu o Cangas, entre otros municipios.
