Unos 2.000 funcionarios y contratados laborales salieron ayer a la calle para expresar su rechazo a los recortes presupuestarios que están lastrando los servicios públicos y precarizan su situación laboral (bajada de salario, reducción de jornada, no cobertura de ausencias laboral, amortización de plazas...). Fue un "no" alto y claro al anteproyecto de Lei de Medidas no Emprego Público de la Xunta de Galicia que "hace recaer, una vez más, el coste de la crisis sobre los empleados públicos", tal como recogía el manifiesto que cerró la concentración-manifestaciónde ayer en Pontevedra, que partió y concluyó en la plaza de A Peregrina.
Los sindicatos CIG, CC OO, CSI-F y UGT convocaron protestas en las distintas ciudades gallegas, a las que se adhirieron otras cinco centrales sindicales: FSP-USO, Satse, SAE, CGT y STAJ con "buenos resultados". En el caso de la capital la amplia respuesta –una cifra de manifestantes similar a la que el pasado domingo reunió la marcha contra la reforma laboral– dejó en evidencia que "las distintas administraciones son el primer empleador de Pontevedra", en palabras del portavoz de UGT, Fernán Couto, quien cifra en 26.000 los empleados públicos. de los que 12.000 son de la Xunta de Galicia.
"No nos engañemos, los recortes nos afectan a todos", recalcaban los convocantes de la protesta, pues no solo son un "atentado a los derechos laborales y salariales" de los trabajadores de la Función Pública sino que "reducen prestaciones y deterioran la calidad de los distintos servicios públicos".
La educación, la sanidad o los servicios sociales están en entredicho, advierten los empleados públicos que se declaran "hartos" de ser el "chivo expiatorio" de una crisis que si tiene responsables son los políticos, los banqueros y los altos cargos.
