Tras 19 años en el cargo presentó su dimisión como decano de los Procuradores de Pontevedra. El relevo generacional y los constantes cambios normativos en su profesión le llevan a abandonar la Junta de Gobierno de esta institución desde la que defendió de forma notable la capitalidad de Pontevedra. Desde sus más de 50 años de experiencia, analiza el futuro de la administración de Justicia ante los nuevos cambios que asoman en el horizonte.

–¿Cuál es el motivo que le ha llevado a presentar la dimisión al frente del Colegio de Procuradores de Pontevedra?

–Los años pasan y, aunque se diga lo contrario, pesan. En los últimos tiempos nuestra profesión ha sufrido unos cambios notables. La creación del Sercyn con delegaciones en cada partido judicial (Pontevedra tiene siete), con la trasposición europea Ley Ómnibus, la Ley Paraguas, desaparición de la territorialidad (que es un ataque frontal a nuestra profesión), nuevos sistemas de financiación colegial, sistemas informáticos y telemáticos, entre otros. Cambios que inevitablemente producen zozobras, disgustos y malestares que muchos profesionales toman razonablemente y algunos, pocos, con mala intención. Junte los dos apartados y la suma de ambos me llevan a la dimisión. A modo de anécdota le puedo decir que nuestro colectivo ha sufrido más transformaciones en los últimos cinco años que la suma de todos los cambios vividos en los anteriores cuarenta y cinco.

–¿Cuáles son los pasos a seguir en el proceso electoral que se abre en el Colegio?

–De momento sigue al frente la misma Junta de Gobierno en la que el decano es sustituido por el vicedecano Jesús Martínez Melón. Esta Junta que sigue en funciones será la encargada de convocar la Asamblea General en la que será elegido el nuevo órgano de Gobierno.

–A lo largo de su trayectoria se ha destacado usted en la defensa de la capitalidad de Pontevedra, no solo para que no pierda peso en el ámbito de la Justicia si no en todo lo que se refiere a su estatus administrativo, ¿cree que sigue habiendo amenazas para la capitalidad?

–Creo que se mantiene la misma amenaza sobre Pontevedra ya que ahí está el ataque a la Audiencia, a la jurisdicción de lo Mercantil, a las delegaciones de radio y televisión, al nombramiento del superdelegado territorial de la Xunta en Vigo; cargo en el que, por cierto, cesó el primeramente nombrado y, con toda urgencia se nombró otro. ¡Qué buena ocasión habría sido para olvidarse de él!. Pero no señor. Hay que sostenella y no enmendalla. Con esta clase política seguiremos sufriendo.

–¿La segregación de la Audiencia demostró ser una equivocación como vaticinaban?

–Como tantas veces se dijo fue un craso error y con ello se perjudicó, en primer lugar, a la administración de Justicia, y en luego al bolsillo de todos los ciudadanos, creando un servicio innecesario y costoso. Pero el más perjudicado fue el justiciable de aquella zona que pagó con sus impuestos los gastos causados y además tuvo que soportar el retraso y la acumulación de asuntos. Repetimos, el mal está en los políticos que por el voto se saltan los derechos que tienen las personas y también las ciudades. Todo lo ven a través del cristal de los votos. Ya en aquel entonces la creación de la Sala de Vigo era innecesaria y hoy con lo que se legisla sobre los recursos en los procedimientos, más innecesaria será.

–¿Cuáles son los retos que debe afrontar la Administración de Justicia en Pontevedra?

–Es primordial que se proceda a la construcción del edificio judicial ya previsto pues hoy tenemos algunos juzgados dispersos por la ciudad. Además, es necesario que la Xunta, junto con el Ministerio de Justicia, ponga todos los medios a su alcance para que la versión "Lexnet 3.0" funcione con total normalidad, eficacia y seguridad para prestar el mejor servicio a todos los intervinientes y usuarios.

–¿Cuál es su opinión acerca de las últimas reformas planteadas por ministro de Justicia?

–Los procuradores hemos sufrido en los últimos años un sin fin de reformas, unas como consecuencia de la transposición europea y otras del desconocimiento por los políticos de nuestra histórica profesión con más de 2.000 años de existencia. Ya el Fuero Real y las Partidas de Alfonso X El Sabio (1265) recogieron con minuciosidad la figura del procurador: ostenta la representación de las partes, cobra por aranceles fijados por el Ministerio de Justicia y tenía el deber de residencia en el partido judicial en el que ejercía. Nos hicieron perder la territorialidad y nos han causado un deterioro en todas nuestras instituciones colegiales, pues con los servicios creados, nos obligan a hacer frente a unos cuantiosos gastos. Si las reformas a las que se refiere son las que va comentando el nuevo ministro de Justicia, hay que esperar a que se publiquen y leerlas con detenimiento, pero creo que me quedó en el oído que suprimiendo las vacaciones en agosto solucionarían muchos de los problemas de la administración de Justicia. Pienso que está equivocado.

–¿Cree que hay alguna fórmula para reducir la saturación de algunos órganos judiciales?

–La saturación muchas veces fue consecuencia de las malas decisiones y un ejemplo es el que apuntaba de la segregación de la Audiencia. La saturación se produjo en las secciones de Vigo, pero si estas estuviesen ubicadas en el lugar que por Ley les correspondía, es decir, Pontevedra, no se hubiese producido tal saturación. Cinco secciones, ni tan siquiera seis, hubiesen ido todas al día en Pontevedra. Organícese una oficina judicial, distribúyase el trabajo, que todo el mundo cumpla el horario y trabaje como se suele hacer en la empresa privada y, seguramente, se acabará con la saturación o se paliaría en su mayor parte. Entiéndase bien, que si es cierto que hay muchos funcionarios que trabajan no solo su horario si no más de lo exigible, desgraciadamente hay algunos que ni remotamente así lo hacen. Todos, todos, tenemos que trabajar a fondo y de verdad.