Un crecimiento urbanístico sostenido y respetuoso con las normas establecidas sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la comunidad autónoma, salpicada de inmuebles ilegales, algunos de ellos armazones de cemento paralizados en su día por los juzgados que contribuyen a afear el paisaje gallego. En otros muchos casos se trata de familias que ahora ven como su vivienda pudiera acabar sucumbiendo bajo la piqueta por la aplicación de una polémica Ley de Costas. Dentro de este panorama, la comarca de Pontevedra no es una excepción y en los 14 concellos de su área de influencia permanecen en pie actualmente al menos 36 inmuebles pendientes de derribo, según los datos de la Axencia de Protección Urbanística (APLU) de la Xunta de Galicia.
Esta agencia, que depende orgánicamente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, tiene entre sus cometidos velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en Galicia y desde el año 2009 ya constató el derribo de un total de 23 inmuebles en los concellos de la comarca, de los que 19 afectaban a viviendas o a parte de ellas.
En cuanto a los derribos pendientes, las resoluciones de demolición se deben a infracciones urbanísticas con respecto a las normas vigentes en los diferentes concellos, un total de 21. Otras 15 son casas familiares afectadas por la Ley de Costas ya que son expedientes tramitados por el servicio de inspección del litoral.
La mayor parte de los inmuebles amenazados por la piqueta, un total de 29, son viviendas unifamiliares, además de seis naves industriales y un edificio colectivo en Vilaboa. Los municipios costeros son los que cuentan con un mayor número de expedientes de demolición pendientes. Es el caso de Sanxenxo, en donde ya se derribaron seis viviendas desde 2009 y que tiene pendientes otras 11, (siete de ellas por irregularidades en materia de Costas). A ellas hay que sumar una nave industrial.
Según los datos de la APLU, en Poio también están pendientes de derribo cuatro viviendas unifamiliares, una infracción con respeto a la normativa del litoral, así como otras dos por otro tipo de infracción urbanística. En Vilaboa son otras cuatro las viviendas con resolución de derribo pendiente por encontrarse en terreno de dominio marítimo terrestre, a las que hay que sumar otra casa y una edificación colectiva.
Ilegalidades más frecuentes
Según explican desde la Consellería de Medio Ambiente, las infracciones más frecuentes en la actualidad son aquellas relativas a instalaciones de casetas prefabricadas o casas de madera, incluidas la colocación de caravanas, que se instalan en terrenos del litoral. Son construcción que aparecen con "vocación de permanencia" y para diferentes usos no permitidos por la legislación vigente en materia de Costas.
También es frecuente la ejecución de obras en edificaciones ya existentes sin contar con la autorización previa y pertinente del órgano autonómico competente en materia de costas.
La intervención de la APLU ha conseguido agilizar e incrementar el número de derribos de inmuebles que en su día fueron construidos de forma irregular, lo que también provoca cierto efecto disuasorio entre la población. Sin embargo, esto no impide que siga habiendo casos en los que el derribo de los edificios ilegales se eterniza a la espera de que se resuelvan los distintos recursos judiciales o incluso cuando ya existe una sentencia firme.
De hecho, así lo viene reconociendo la propia Fiscalía de Pontevedra en sus memorias anuales, en las que reiteradamente explica que la demolición de los inmuebles sigue siendo uno de los "grandes problemas" a la hora de ejecutar las sentencias condenatorias por delitos contra la ordenación del territorio. De tal forma, que, en el caso de que el comportamiento del infractor conlleve también la comisión de un ilícito penal, los propios fiscales supervisan estrechamente el cumplimiento de este tipo de órdenes de derribo.
Solicitud de fianzas
En aquellos procedimientos en los que interviene el Ministerio Público, la Fiscalía de Pontevedra propone a los juzgados de instrucción que requieran a los denunciados el depósito de una fianza que permita hacer frente a la demolición en el caso de que la orden de derribo sea firme. Y es que sucede que, aunque los tribunales suelen acceder a que la propia APLU elabore presupuestos de demolición como diligencia, luego "olviden" la finalidad de los mismos, muchas veces por la declaración de insolvencia de los afectados o por la remolonería de los Concellos a la hora de ejecutarlos, por el gasto que supone y las dificultades para cobrar a posteriori el coste del mismo al infractor. El depósito de una fianza evitaría estos casos. Señalan también que en caso de impago, se le podría apercibir al infractor con el embargo de bienes, siendo difícil alegar insolvencia cuando en la mayoría de los casos los inmuebles se asientan en terrenos propiedad del denunciado.
También destacan que por regla general se solicita la paralización de las obras en aquellos casos en los que el edificio todavía está en fase de construcción. En cuanto a los inmuebles ya terminados se solicita la prohibición de su uso bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia o quebrantamiento de la medida cautelar ya que reconocen que "es un hecho que cuando el denunciado reside o utiliza de cualquier forma la vivienda o construcción en litigio, los problemas para ejecutar la demolición se multiplican". Desde la Fiscalía resaltan que los juzgados suelen acceder a la paralización de las obras, sin embargo son más reacios a ordenar la prohibición de uso, "muy especialmente si esto supone desalojar una vivienda".
