El edil de Sanxenxo Agrupación Liberal Francisco Villaverde tiene de plazo hasta el día 20 de abril para acometer en su vivienda situada en Areas las obras necesarias para adecuarla a las condiciones de la licencia otorgada el 13 de agosto de 2004, según informó ayer el Concello, que asegura que Villaverde incumplió entonces la licencia pese a ser concejal de Urbanismo al añadir un sótano para garaje y modificar la distribución interior autorizada. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra quien ordena, "oídas todas las partes, y en especial el técnico municipal", legalizar la situación del inmueble objeto de conflicto judicial desde 2006, momento en el que recayó la primera sentencia tras un recurso formulado por la Asociación Salvemos Pontevedra. No obstante, este auto no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El Concello, donde Villaverde Otero ejerce como oposición, insiste en que el edil deberá eliminar la conexión interior de la vivienda con la planta del sótano, mediante la cubrición y sellado del hueco de la escalera que los vinculan. A su vez, el concejal de SAL tendrá que suprimir la rampa exterior de acceso al nivel bajo rasante mediante aterrado de la pendiente existente y compactación de la misma. Este proceso se realizará una vez retirado el portal existente, y el sellado del hueco de acceso mediante la construcción de un muro de hormigón de espesor similar al existente.

Otra de las actuaciones que debe efectuar es la retirada de los elementos móviles en el nivel bajo rasante, como la carpintería interior, y la reconversión de la carpintería exterior en ventilaciones permanentes. Villaverde también tendrá que anular las instalaciones eléctricas y de fontanería o calefacción dispuestas para el servicio del nivel bajo rasante, dotando a la vivienda de un sistema de producción de ACS que se localizará en la cocina existente en la planta baja, siempre según la versión municipal.

El auto apunta que la administración local debe responder de la ejecución final de las obras y se encargará de su vigilancia. De hecho, en caso de no completarse su realización en el plazo establecido "se le impondrá a su alcalde una primera multa coercitiva de 1.500 euros, reiterable mensualmente en idéntica o superior cuantía".

Asimismo, la juez indica que competerá a los técnicos municipales, con motivo del certificado final de obra, valorar si los trabajos de redistribución interior de la vivienda se ajustan a la normativa urbanística de aplicación en la fecha de concesión de la licencia no anulada para la construcción de la vivienda como a la normativa urbanística vigente en la fecha de su finalización.

El gobierno local pone de manifiesto que la magistrada desoye lo reclamado por Salvemos Pontevedra, que insistía en que la ejecución del fallo judicial del TSXG de agosto de 2008 debe alcanzar "todo lo efectivamente construido que incurra en el vicio determinante de la nulidad de la licencia". Por el contrario, la juez ha tenido en cuenta lo apuntado por el arquitecto municipal en su informe, en el sentido de que los cambios en la distribución interior y en la disposición de los huecos de la fachada de la vivienda "dado que cumplen los parámetros de ordenación establecidos por la normativa vigente y no suponen un aumento de volumen ni una alteración sustancial en la distribución interior de la misma, son susceptibles de ser aportados con el certificado final de obra, tal y como establece o Anexo II do Código técnico de Edificación en documentación que debe acompañar al certificado final de obra".

Una vez se acometan las labores de legalización de la vivienda de Francisco Villaverde, el Concello de Sanxenxo pondrá fin a otro de los conflictos urbanísticos que arrastra desde hace años, según destaca el gobierno local.