Los tres grupos de la oposición, PSOE, SAL y BNG, unirán sus fuerzas para forzar al gobierno local a que convoque un pleno extraordinario en el que, además de "dar explicaciones" sobre la sentencia del SU 13 de Monte Faro, se forme una comisión para el estudio y análisis de los últimos fallos judiciales contrarios a los intereses del urbanismo municipal.
Los portavoces de las tres formaciones, que representan más del tercio de la Corporación que exige el procedimiento, presentarán esta mañana en el registro municipal un escrito pidiendo la convocatoria de la reunión que, según la normativa, tendría que celebrarse en un plazo máximo de ocho días.
Aunque todavía quedan por cerrar algunos aspectos del único punto que tendrá el orden del día, los ediles se acogerán a la propuesta que les trasladó el pasado miércoles la portavoz socialista Dulcinea Aguín, en el que se solicita la "constitución de una comisión para el estudio, valoración y conclusiones para su posterior debate y aprobación, si procede, por el pleno ceñido a las sentencias judiciales contrarias al Concello".
De acuerdo con el texto, la comisión estaría formada por la propia alcaldesa, Catalina González, la concejal de Urbanismo, María Deza, el gerente del departamento, el secretario y el interventor municipales y un miembro de cada partido.
La petición de la oposición se produce tras el fallo del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra que declaraba firme la sentencia que obliga al Concello a devolver 3,8 millones de euros a las promotoras del suelo urbanizable 13 de Monte Faro (Noalla), una medida que "pone en riesgo la viabilidad económica y la imagen pública de Sanxenxo", explicó la portavoz socialista.
"Queremos dar continuidad a un tema muy grave para los vecinos. Lo ideal sería que lo convocase el gobierno para dar explicaciones, pero no lo va a hacer", apuntó David Otero, del BNG.
Dejar el acta
Francisco Villaverde, concejal de SAL y responsable de Urbanismo en la fecha en que se firmó el acuerdo de Monte Faro, dio ayer un paso adelante poniendo su acta de concejal "a disposición de la Corporación si se demuestra su participación en la elaboración del convenio , que la Alcaldía (entonces Telmo Martín) le consultó sobre los términos del mismo o que participó en alguna mesa negociadora". El edil responde así a las declaraciones de González Bea, que el apuntaba que la petición de dimisiones de la oposición deberían señalarle a él. no de los implicados.
"Criticamos el incumplimiento del convenio por parte del concello, que motivó el fallo. Somos conscientes de que hubo acercamientos de las empresas para no llegar al contencioso, y siempre fueron eludidos por la Alcaldía", apuntó SAL.
