La llegada del PP al Gobierno central y del pontevedrés Mariano Rajoy a la Moncloa otorga un especial prisma al problema de Ence, toda vez que el próximo presidente del Gobierno conoce al dedillo los "efectos" de la fábrica en la ciudad, tanto los negativos como los positivos. En todo caso, el cambio del color político no supone, de entrada, una variación en la estrategia, toda vez que el PP gallego parece "encastillado" en su postura de que la celulosa abandone la orilla de la ría y se traslade a otro lugar "de la comarca".

Pero el caso de Ence, si bien el más significativo, no es el único. El Ministerio de Medio Ambiente tiene en la actualidad un total de 17 expedientes de concesiones de este tipo en el municipio, y las decisiones sobre su futuro se adoptarán tras un análisis "uno a uno" de cada caso, según ha apuntado el propio ministerio en varias ocasiones. Entre esas 17 autorizaciones no sólo figuran empresas, sino también centros educativos y servicios públicos, especialmente en zonas como las marismas de Alba o A Xunqueira, además de Lourizán. Las mismas fuentes sostienen que la fecha tope del año 2018 es "prácticamente inamovible" para casos como Ence, la hormigonera Holcim, los antiguos terrenos de Malvar o algún otro aprovechamiento empresarial, entre ellos una gasolinera a orillas del Lérez. Sin embargo, es posible que no se aplique el mismo criterio en circunstancias como los centros educativos de A Xunqueira, el colegio de Pontesampaio o incluso la antigua sede de Magisterio, donde su futuro se decidirá tras analizar los pros y contras de una hipotético prórroga. También son objeto de concesión instalaciones como el Parque de Maquinaria de la Diputación y demás servicios situados a orillas de la desembocadura del río Rons.

En todo caso, esta postura en defensa de la Ley de Costas contrasta con las decisiones que el Gobierno adopta cada vez que se produce una sentencia judicial, en especial de la Audiencia Nacional, que exige que se abran los expedientes de caducidad de algunas de estas concesiones, promovidas en su mayor parte por la asociación Salvemos Pontevedra. El ministerio no ha dejado de recurrir todos los fallos al respecto, entre ellos el de la hormigonera Holcim (antigua Horpasa), colindante con Ence y Elnosa y, sobre todo, la última sentencia, conocida en julio y referida expresamente a Ence. Esta sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ordena al Ministerio de Medio Ambiente a iniciar el expediente de caducidad (el rescate) de la concesión de los terrenos que ocupa el complejo industrial de Ence en dominio marítimo-terrestre, en Lourizán, así como "la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones". La resolución judicial era recurrible ante el Tribunal Supremo y el Estado ya presentó esa casación.