Ence aparca su calculada ambigüedad de años para decir que su futuro en Pontevedra está directamente vinculado a la permanencia en Lourizán, antes y después del año 2018. La alternativa es el cierre.
Con esta premisa como base, el grupo empresarial que encabeza el industrial vasco Juan Luis Arregui confía en conseguir el "apoyo necesario" para evitar el desmantelamiento sin más de la planta de celulosas local lo que necesariamente tendría que pasar por "encontrar de común acuerdo una solución legal que permita su continuidad" más allá del 2018, fecha en la que vence por imperativo de la Ley de Costas la concesión estatal de los terrenos que ocupa en dominio-marítimo terrestre de la ría de Pontevedra.
En este sentido, recuerda, existen precedentes como el de Petronor en el País Vasco, que consiguió con la implicación directa de las administraciones garantizar la "vida" de su planta de Muskiz y alude a los esfuerzos de los gobiernos autonómicos de Asturias y Cantabria en pro del mantenimiento de las industrias radicadas en sus respectivas comunidades y que están afectadas por la citada Ley de Costas.¡
Ence sostiene que el traslado, planteado e instado por las administraciones (Concello y Xunta), partidos políticos y colectivos sociales, es "inviable" tanto desde un punto de vista económico como de reubicación física.
Traslado inviable
De acuerdo con los cálculos que hace la compañía, acometer el traslado de la fábrica de Lourizán (en realidad el desmantelamiento de la instalación y la construcción de una nueva) tendría un coste de 700 millones de euros. Una inversión "no asumible" en tanto en cuanto la planta pontevedresa genera "en el mejor año un beneficio de veinte millones de euros", una perspectiva que atenta contra "toda lógica empresarial".
Por otra parte el Grupo Ence esgrime un informe realizado por la consultora finesa Pöyry para justificar que "no existe en Galicia otra ubicación con disponibilidad de energía y agua suficientes" para el normal funcionamiento de una instalación industrial como la de Lourizán. Este informe rebate tesis anteriormente valoradas por la compañía como cuando negoció con el anterior gobierno bipartito de la Xunta, sin éxito por las exigencias económicas planteadas, su posible reubicación en As Pontes.
La imposibilidad genérica de encontrar una ubicación física alternativa apuntada por Ence, con el aval de la consultora finesa,se completa con un cuestionamiento concreto de la apuesta de la Consellería de Medio Ambiente, reiterada el pasado viernes por su titular, Agustín Hernández, de un traslado en la zona que considera absurda.
"El traslado de la fábrica dentro de la comarca supondría tener que coger el agua precisa para el proceso de fabricación del mismo río Lérez y verterla, después de su depuración, a la ría de Pontevedra" explican fuentes empresariales, una realidad que "resta argumentos" al planteamiento. Este razonamiento, añade Ence, echa por tierra propuestas barajadas "por unos y por otros" como el polígono industrial de Barro-Meis, Cotobade o Marcón.
Empleo estable
Una vez que deja claro que el traslado es una opción que no baraja, Ence pone el foco sobre el empleo estable que genera y sobre su apuesta medioambiental (acaba de aprobar una inversión de dos millones de euros para corregir el impacto oloroso de la factoría) para sumar argumentos a su lucha por la permanencia en Lourizán. En esta línea desde la compañía se recuerda que la fábrica de Pontevedra genera 350 empleos directos y más de 5.100 indirectos e inducidos en toda Galicia y su peso en el sector forestal y portuario. A modo de ejemplo, fuentes empresariales señalan que en la parada anual de la planta de Lourizán trabajan 600 operarios en la realización de tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones.
