El Concello recurre a la vía judicial para que Costas ajuste su línea de protección a la realidad urbanística del municipio. El departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino mantiene 100 metros de deslinde en zonas para las que la administración local reclama solo 20 por la presión demográfica y constructiva existente desde hace décadas. La Audiencia Nacional será la que decida.
La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Poio acordó ayer presentar un contencioso contra el departamento estatal toda vez que este último no contestó a las alegaciones en las que se solicitaba ese cambio. En ellas se argumentaba que tanto en los núcleos urbanos de Raxó, Covelo, Campelo y una parte de Lourido, así como en los rurales de Chancelas, Casalvito y otra zona de Lourido el grado de consolidación urbanística es superior a los dos tercios. Esto es, el 66% de los terrenos están construidos.
Fallo de interpretación
Asimismo, también se recordaba desde el Ayuntamiento que estos núcleos para los que pide la rebaja de la línea de protección a 20 metros ya cumplían las normas subsidiarias de 1985 y aparecen en el PXOM de 2000 como suelo urbano, requisitos que pediría Costas para reducir la franja de afección litoral. Desde el gobierno local el responsable de política urbanística, Xulio Barreiro, indicaba ayer que "Costas comete un error de interpretación". Ese supuesto fallo fue puesto en conocimiento de Costas, "pero nadie contestó".
El plazo para que esa respuesta llegase al Concello de Poio terminó el pasado 20 de octubre. Ese día empezó un plazo de dos meses para optar a un procedimiento judicial como finalmente ocurrirá.
"Hay casos que son una aberración, a lo mejor en determinados núcleos puede haber pie a la interpretación, pero otros no", dice sobre aquellas zonas más pobladas. "La arquitecta municipal hizo un estudio muy detallado en el que se pueden ver fotografías de cómo estaban estos lugares hace ya décadas", puntualiza Barreiro.
La ausencia de respuesta sobre las alegaciones que presentó el Concello dejan como última opción la vía judicial. La Audiencia Nacional es el órgano competente en la resolución de este conflicto.
