El PP teme que el "caso Naturgalia" siente un "preocupante precedente" si se archiva

N. D. - PONTEVEDRA La decisión del fiscal especializado en asuntos económicos de solicitar al Juzgado el archivo de la querella por presunta prevaricación contra el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, ha sido recibida con malestar por el PP local, de donde partió la denuncia, y con "cautelosa satisfacción" por parte del alcalde, Miguel Fernández Lores, a la espera de que esa petición fiscal se concrete por parte del juez.
El concejal del PP Jacobo Moreira alertó del "preocupante precedente" que podría suponer el archivo de la causa ya que "podría marcar una pauta de actuación para los alcaldes en el futuro". El "caso Naturgalia" fue denunciado por el PP en los juzgados después de constatar que el gobierno local, en concreto González Carballo, trató de adjudicar un par de obras (una rotonda en Loureiro Crespo y unos jardines en la plaza da Liberdade) que ya estaban ejecutadas por la empresa Naturgalia (de ahí el nombre que se otorgó al caso) tras una contratación "a dedo". Después de que en abril pasado el edil y un funcionario municipal declararan ante el juez, el fiscal concluye ahora que no hay delito, pero sí irregularidades administrativas que no caben en la vía penal, de ahí que solicite el archivo.
Moreira, tras subrayar de entrada su "máximo respeto" a las decisiones judiciales, añadió que "en cierto modo nos preocupa esa petición porque siente un precedente sobre las pautas a seguir por otros alcaldes". En este asunto "hubo una adjudicación a dedo, se hicieron las obras y se convocó meses después una mesa de adjudicación como tapadera, a la que se invitaron a tres empresas con los mismos dueños. Si esto no es delito, sí supone un precedente preocupante", añade el concejal popular, que desde hace unas semanas compatibiliza ese cargo con un escaño en el parlamento gallego.
Jacobo Moreira sostiene que actuaciones de este tipo "no contribuyen nada a cumplir la demanda social de regeneración política", y no aclara si su grupo municipal seguirá adelante con alguna otra iniciativa municipal, toda vez que el fiscal sí reconoce que hubo "irregularidades administrativas", algo que también admitió siempre el gobierno local, aunque atribuyendo esos "errores" al "colapso" que sufría el Concello en 2008.
El PP decidirá "más adelante" si solicita algún tipo de responsabilidad política, ya que prefiere aguardar a que se produzca una resolución definitiva del juez, "ya que de momento se trata de una petición del fiscal".