Ence considera la vía penal una respuesta "de contundencia adecuada" a las sucesivas denuncias públicas de supuestos incumplimientos de la legalidad ambiental vertidos por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra y al reiterado recordatorio de que la compañía fue condenada por delito ecológico en el año 2002, por hechos referidos al período 1985-1992. Entienden los nuevos propietarios del grupo empresarial que este tipo de declaraciones son "descalificaciones gratuitas contra el honor de Ence" y que ha llegado el momento de atajarlas.
Por este motivo el pasado 27 de junio formalizaron una denuncia contra la asociación ecologista en los juzgados de A Parda por sendos delitos de injurias y calumnias, apuntando para ambos casos el tipo agravado por publicidad y personalizando la querella criminal en Antón Masa y Benito Andrade, presidente y vicepresidente de la APDR.
Los querellados no tenían ayer noticia oficial de la demanda y se declaraban "tranquilos" ante lo que pueda suceder, al tiempo que expresaban su escepticismo en relación a que prosperase la iniciativa legal de Ence. En cualquier caso, Antón Masa aseguraba que "no nos vamos a retractar y cuando sea el momento procesal oportuno avalaremos nuestras denuncias de que incumplen la normativa ambiental con datos de la Xunta de Galicia, que a su vez reciben de la propia empresa".
El presidente de APDR insistía ayer en que Ence vierte sustancias prohibidas (mercurio y cadmio) y supera índices de contaminación establecidos en la ley de aguas de Galicia y en en la ley de aguas residuales. Algunos de estos "excesos", reconoce Antón Masa, estarían amparados por la Autorización ambiental integrada (AAI) de la Xunta pero ellos entienden que estas AAI también son "ilegales".
Campaña premeditada
Los hechos que están detrás de la querella criminal de Ence contra Antón Masa y Benito Andrade se refieron a distintos pronunciamientos y comunicados publicados desde noviembre de 2010 hasta ahora sobre supuestos incumplimientos ambientales que son calificados por la empresa como "insultos, atentados gratuitos contra el honor". Unas manifestaciones, recalcan los demandantes, que forman parte de una campaña premeditada que "APDR ha dicho que no cesará hasta que expulsemos a Ence de la ría".
En este contexto la dirección del grupo pastero considera que todas las denuncias públicas "falsas" atentan claramente contra su honor y cumplen los requisitos exigidos para ser calificados como un ilícito penal, sancionable con multas o penas de privación de libertad. El Código Penal contempla para el delito de calumnia agravado (por publicidad) penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión o en su defecto multa de 12 a 24 meses y para el de injurias, una sanción de multa de entre seis y catorce meses.
Esta claridad en la tipificación de los hechos no es compartida por la asociación ecologista que considera, primero, que podrán demostrar que sus afirmaciones sobre incumplimientos de la legalidad ambiental se ajustan a la verdad y, segundo, que en todo caso podría valorarse un atentado a la imagen, punible por la vía cívil.
De todos maneras Ence y Defensa da Ría deberán esperar a que el juez decida si admite o no a trámite la querella y resuelva que vía jurisdiccional es la apropiada: si la penal o la civil.
Mientras tanto ayer el alcalde Miguel Fernández Lores expresaba su respaldo a los querellados: "si tengo que apoyar a alguien será a APDR".
