Los comuneros de Salcedo y los representantes legales del Ministerio de Defensa se verán el próximo jueves 30 de junio en los juzgados de A Parda, para comparecer en el primer juicio por la demanda sobre la propiedad de los terrenos que ocupa el cuartel de la Brilat. La Comunidad de Montes que preside Fernando Pintos reclama la propiedad de todo el terreno de la base militar General Morillo y la superficie colindante. Son casi 170 hectáreas del monte de San Martiño de Salcedo las que los vecinos de esta parroquia reclaman como propias.
Para probar su demanda, acudirán como testigos de la parroquia algunos de los vecinos de mayor edad, que pueden corroborar ante el juez que los montes que ocupa la Brilat se dedicaron desde tiempo inmemorial a las actividades forestales y agrícolas de las aldeas colindantes. La demanda judicial se asienta sobre un acuerdo de la asamblea de comuneros y en la documentación histórica recopilada por la agrupación durante los últimos meses.
Esta reclamación se basa en que la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Pontevedra al Estado, en 1965, fue "ilegal" –según los vecinos– porque la superficie cedida no era una propiedad municipal, sino terreno comunal.
La ley que establece la personalidad jurídica de los montes comunales en Galicia indica como premisa básica que su propiedad es inalienable, inembargable e imprescriptible, por lo que a pesar de la cesión, los comuneros no habrían perdido su titularidad.
Los comuneros confían en que los servicios contratados al gabinete del abogado Calixto Escariz reporten resultados tan satisfactorios como los que consiguieron en Vigo las comunidades de montes que litigaron por la propiedad del suelo sobre el que se asienta el aeropuerto o el zoo de A Madroa.
La directiva de esta agrupación asegura que la superficie de terreno que la comunidad de montes se vio impedida a explotar, por su ocupación por parte de la Brilat, habría reportado cuantiosos beneficios a lo largo de los últimos años a la parroquia.
El Ministerio de Defensa también se enfrenta a una demanda semejante por las parcelas colindantes que reclaman las comunidades de Vilaboa y Figueirido. En la demanda por vía administrativa de los comuneros de Vilaboa, el ministerio se declaró propietario de los montes comunales que ocupa el cuartel, basándose en el derecho de "usucapion", es decir, la adquisición de la propiedad a través de una posesión pacífica y continuada a lo largo del tiempo. Así lo expone un informe de Defensa, firmado por la propia ministra Carme Chacón, con el que se desestimaron las reclamaciones anteriores. Defensa argumenta que una vez superado el período de concesión de dicho terreno y al no haber reclamado su anterior titular la propiedad, éste pasa a manos de quien lo ha venido usando.
