Una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ordena al Ministerio de Medio Ambiente a iniciar el expediente de caducidad (el rescate) de la concesión de los terrenos que ocupa el complejo industrial de Ence en dominio marítimo-terrestre, en Lourizán, así como "la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones".
La resolución judicial, que no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, es la respuesta a una demanda planteada por la asociación Salvemos Pontevedra en el año 2004 y que, en su recorrido en la vía administrativa nunca obtuvo respuesta del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces la asociación, tal como explicaba ayer su presidente, Francisco Díaz, sostenía (y todavía sostiene) que la concesión estatal de Ence en las marismas de Lourizán no es válida en tanto en cuanto el permiso que la empresa esgrime para operar en dominio público se extinguió durante los cambios de titularidad de la pastera.
En el tramo final del contencioso tanto la Abogacía del Estado como el Grupo Ence cuestionaron la "legitimidad" de los demandantes pero la Audiencia dice que los ampara "como a cualquier ciudadano, en el ejercicio de la acción pública" la Ley de Costas.
Precisamente la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional alude a esta misma ley para desestimar parte del recurso de Salvemos Pontevedra: el que solicitaba la incoación de expedientes de reposición de la legalidad urbanística, al entender que esta cuestión excede su competencia.
Mientras que el presidente de Salvemos Pontevedra, Francisco Díaz, expresaba ayer su "satisfacción" por la sentencia de la Audiencia Nacional a la que calificaba de "tirón de orejas" a la administración y su confianza en que suponga "el inicio de la recuperación" de las marismas de Lourizán, Ence restaba importante al fallo judicial.
Escasa importancia
Según el análisis que hace el departamento jurídico de la compañía "la sentencia se refiere a aspectos jurídico formales y no va tener incidencia en la situación legal ni en las operaciones de Ence antes del plazo de vigencia legalmente establecido en la concesión".
El grupo empresarial entiende que la resolución de la Audiencia Nacional es, en realidad, un varapalo a la administración por no actuar en tiempo y forma y aplaude que desestime "las pretensiones de la asociación referentes a la planta de tratamiento de efluentes, el cese inmediato de actividad y la petición de nulidad del emisario.
