Es una reivindicación política pero también económica. Cuando el Concello de Marín reclama la unidad del puerto, está reclamando para sí, por ejemplo, el cobro del IBI (impuesto de bien inmueble) que pagan las empresas radicadas en el recinto portuario.

Las cinco firmas que abonan las tasas en la ciudad (Talleres Eugenio y Barros, Gonvarri, Galfrío, Frigoríficos Rosa de los Vientes y Repsol Butano), a las que hay que sumar el pago de un particular, dejan en las arcas municipales 43.000 euros anuales, tal como confirmaba ayer el concelleiro de Facenda, Raimundo González.

Por el mismo concepto (el IBI) el Concello de Marín recibe algo más de 60.000 euros al año, apuntaba el alcalde Francisco Veiga y eso a pesar de que en este municipio cotiza el grueso de las firmas radicadas en el puerto: 124 de un total de 129, aunque hay que tener en cuenta en este cómputo el hecho de que un número “muy significativo” de contribuyentes es en realidad una persona o microempresas que trabajan en el recinto y que carecen del inmueble propio o de concesión necesario para tener que pagar el IBI.

Pautas del Catastro

La asignación de empresas para el pago del IBI a uno u otro ayuntamiento fue decidida por la Gerencia del Catastro, que hizo la división tomando como referencia del “deslinde” dibujado por el Instituto Geográfico Nacional en 1988. Una “línea” que el propio organismo de Fomento reconoce que carece de validez jurídica.

Para el alcalde marinense tomar como referente territorial una “línea” marcada hace más de veinte años no tiene sentido pues, al margen de su inconsistencia legal, refleja una realidad “irreal”. Desde entonces el puerto ha crecido de manera considerable y en buena medida al amparo de terrenos ganados al mar (rellenos) que ocupan territorio pontevedrés. Un hecho que Francisco Veiga asume, aunque estén por deslindar los concellos, pero que no le impide reivindicar el puerto como una unidad y como tal que su base está en Marín.

Pontevedra y Marín han pedido en repetidas ocasiones, y lo vuelven a hacer ahora, que la Xunta de Galicia asuma su responsabilidad y proceda a delimitar los concellos para zanjar el contencioso del IBI o de cualquier otro tipo que pueda plantearse como consecuencia de la “indefinición” territorial.

El concejal Raimundo González se negaba ayer a considerar las diferencias sobre el IBI como una “disputa entre concellos”, tal como la había definido el día anterior el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa. “Nosotros nos limitamos a actuar siguiendo las directrices marcadas por el Catastro y si no están claros los lindes que resuelva la situación quien tiene competencia para hacerlo: la Xunta”.

Tampoco el alcalde Francisco Veiga dirigía sus críticas directamente hacia el Concello de Pontevedra sino hacia la Xunta por su “dejación” de obligaciones y hacia la Gerencia del Catastro por tomar como base para el reparto un “limite” sin validez jurídica.