Las pruebas caligráficas sobre firmas, textos y rúbricas realizadas por B.G.S., practicadas tanto por la brigada científica de la Policía, como por una experta contratada por la defensa, centraron la vista oral celebrada ayer en la Audiencia de Pontevedra, contra un acusado de un concurso de delitos de estafa y falsedad documental en pagarés librados a dos empresas. Los hechos se habrían cometido en los años 2006 y 2007 y atendiendo al tipo penal vigente en ese momento, el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra solicitaba una pena de seis años de prisión para el acusado, además de la indemnización. Pero con la última reforma del código penal, el tipo penal ha cambiado en estos casos, por lo que el fiscal aprecia que concurren dos delitos, uno de estafa y otro de falsedad documental, siendo necesario el primero para cometer el segundo, por los que solicitó finalmente una pena de un año de prisión por cada uno.

Peritos

El perito de la Policía y de la defensa se esforzaron en justificar porqué, a juicio del primero la firma, la rúbrica y la letra de los documentos objeto de litigio pertenecían al acusado y, en el caso de la segunda, porqué no había coincidencia entre una y otra letras y rúbricas.

El fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, preguntó al agente de la brigada científica cuántos informes y peritajes caligráficos realizaba a lo largo del año, a lo que éste contestó que "entre 150 y 200 anuales". Aladro terminó el interrogatorio a la perito de la defensa preguntándole cuántos informes similares había realizado desde que terminara sus estudios el pasado año. Después de dudar durante varios minutos y ante la insistencia del fiscal en la pregunta, ésta terminó asegurando que "entre 10 y 15".