La ejecución de dos sentencias firmes dictadas por el Tribunal Supremo "amenazan" la competitividad presente y el desarrollo futuro del puerto de Marín. La primera ordena la supresión de los tres pasos a nivel de ferrocarril ubicados en la plaza de Praceres. La segunda declara "ilegal" el Plan Especial del Puerto del año 2000 y en consecuencia una superficie de 328.000 metros cuadrados ganados al mar al amparo de esta normativa, ordenando que se revierta la situación al momento anterior del relleno.
Para dar cumplimiento a la primera resolución judicial, el Ministerio de Fomento, tras varios meses de análisis, plantea dos alternativas: soterrar las vías del tren a su paso por la plaza o construir pasos subterráneos para peatones y vehículos. Ninguna de estas soluciones satisface a la Autoridad Portuaria, cuyos expertos encuentran "graves dificultades" técnicas y económicas para llevar adelante cualquiera de los proyectos.
"Lo que sí tenemos claro es que el puerto no puede ser lo que es hoy en día ni tener futuro si hay que prescindir del ferrocarril" advertía ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra, José Benito Suárez Costa, que recuerda que gracias a este medio de transporte se mueven desde Marín algo más de 200.000 toneladas de mercancía al año, entre un 10 y 15% de los casi 2 millones de toneladas que mueve el puerto. "Cada día sale del puerto un tren cargado de agroalimentarios" , resume gráficamente Suárez Costa.
Además, añade el presidente de la Autoridad Portuaria "nosotros trabajamos cara al futuro con el hecho de que los empresarios nos demandan la agilidad y el bajo coste que puede aportar una conexión por ferrocarril".
La sombra de la incertidumbre es alargada, reconoce José Benito Suárez quien confía en que, finalmente, se pueda encontrar una solución que permita no tener que levantar las algo más de tres hectáreas de los rellenos puestos en la picota por el Tribunal Supremo. "Nosotros somos muy respetuosos con las sentencias y cuando nos manden ejecutarla habrá que hablar con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y ver como se puede ejecutar: si teniendo que levantar los rellenos o de otra forma".
Último cartucho
Antes de dar la guerra por perdida, y tener que levantar los rellenos, la Abogacía del Estado presentará presumiblemente un recurso de "inejecutabilidad" de la orden del Tribunal Supremo alegando los serios perjuicios económicos y laborales y los graves daños medioambientales que se derivarían de la actuación. En la actualidad sobre el relleno declarado "ilegal" se asientan cuatro empresas y un muelle de contenedores.
Frente a esta tesis los colectivos promotores de las iniciativas judiciales que, después de un largo trayecto de nueve años, han derivado en las sentencias firmes que "amenazan" la competitividad y futuro del puerto –entre otros la Plataforma vecinal praza dos Praceres o la Asociación pola defensa da ría de Pontevedra– exigen que se reponga la legalidad.
