Con el voto en contra del Partido Popular, el Concello de Pontevedra asume el pago de tres sanciones del organismo Augas de Galicia por otros tantos vertidos contaminantes. El pleno de la corporación aprobó en su última reunión un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a este gasto. El importe de las tres multas suma algo más de 21.000 euros.

Se trata de una sanción por importe de 9.000 euros y dos por valor de 6.010 euros, que tienen como origen un vertido de aguas sin depurar en la Edar de Mollabao, una rotura en la canalización del saneamiento en Beiramar y una filtración de aguas entre las rocas procedente de la autopista AP-9.

El gobierno local no está conforme con algunas de estas sanciones, pero las abonará igualmente porque ya son"firmes", y para no perder subvenciones de la Xunta de Galicia.

La edil de Medio Ambiente Natural, Celia Alonso, explicó en el pleno municipal que en el caso del vertido de Mollabao, el vertido se debió a una exigencia de Augas de Galicia.Según explicó la concejala socialista, durante un rebosamiento de aguas sin depurar de la Edar en el año 2008, este organismo de la Xunta autorizó al Concello a realizar un aliviadero para dar salida a estas aguas, motivo por el que ahora sanciona al Concello.

Alonso recordó además que la depuradora da servicio a tres municipios, no solo a Pontevedra y que aquella decisión se tomó en su día para proteger el banco marisquero de Placeres, donde suelen verter las aguas contaminantes de esta instalación cuando sus tanques rebosan. "En ese momento era la solución menos perjudicial", explica la concejala de Medio Ambiente, quien aclaró además que la estación depuradora pertenece a la Xunta, y no al Concello, a pesar de que es éste quien tiene que asumir los fallos de la instalación.

El PP votó en contra del pago y recordó que las multas proceden del gobierno bipartito de la Xunta, no del actual. "Les multan porque cometen una irregularidad, por una mala gestión", apuntó la edil Guadalupe Murillo. El grupo conservador criticó que se llegue al año 2010 con una multa de 2008 porque "las sanciones están para pagarlas", dijo Murillo. También recordó que la empresa concesionaria debe asumir el mantenimiento de las instalaciones, tras lo que acusó al gobierno local de actuar con "oscurantismo".

La edil de Medio Ambiente ofreció a la oposición facilitarle copia de todos los documentos al respecto.