Hace un año, más de 1.300 familias del municipio de Pontevedra estaban anotadas en las listas de demandantes de una vivienda de promoción pública. En la actualidad, el Gobierno gallego establece que la demanda oficial de este tipo de residencias es de poco más de 300 personas, es decir, un 25% de la que se creía que existía en 2009. Con este índice, el piso de viviendas sociales que la Xunta ejecuta en Valdecorvos (adjudicado hace varios meses a la empresa Winterra por unos 12 millones de euros) permitiría cubrir buena parte de esa demanda.
Esta drástica reducción, al menos de forma oficial, en las lista de vecinos que buscan una vivienda oficial se debe a la modificación, y endurecimiento de los requisitos para entrar a forma parte del Rexistro Único. Si anteriormente tan sólo era necesario aportar un nombre y un número de teléfono, ya que el resto de condiciones se comprobaba en el momento de adjudicación de los posibles pisos, ahora se reclaman por adelantado numerosos documentos, como la declaración de la Renta, un certificado de que nadie de la familia es propietario de una residencia y otras exigencias. Este Registro es el que utiliza la Xunta no sólo para adjudicar los pisos sociales que se puedan construir en la comarca, sino también para calibrar con cierto detalle las necesidades en cada municipio.
Ocho meses de vigencia
Los nuevos requisitos para optar a estos pisos entraron en vigor el pasado mes de enero, si bien la Xunta estableció un plazo de cuatro meses para que todos los inscritos en el anterior registro se adaptasen al sistema y aportasen la documentación exigida. Este periodo se cerró 22 de mayo. En los ocho meses transcurridos desde finales de enero hasta ahora, tan sólo se contabilizaron unas cuarenta altas al mes.
Esta reducción del número de demandantes es muy notable en el municipio de Pontevedra, pero también se deja sentir en los demás concellos de la comarca. En todo ellos apenas se suman cuarenta peticionarios más, especialmente en Marín (17) y Poio (10). En resto apenas hay solicitudes: A Lama (1), Barro (2), Caldas (3), Campo Lameiro (2), Cotobade (1), Cuntis (1), Moraña (1), Sanxenxo (2) y Vilaboa (2), mientras que en Ponte Caldelas y en Portas no se registra ningún caso.
Con el anterior sistema había en toda la provincia 15.280 demandas de viviendas públicas o de protección autonómica, y a día de hoy, en los sesenta y dos municipios de Pontevedra sólo se contabilizan apenas 2.800 peticiones, en su mayor parte para viviendas de promoción pública, si bien el Registro Actual cuenta con numerosas variantes, incluidas viviendas de promoción pública de núcleos rurales y cascos históricos en las modalidades de compra y alquiler.
En el caso de Pontevedra, la mitad de las peticiones se concentra en la vivienda pública, unos 150 demandantes, con especial incidencia en el alquiler con opción de compra, si bien hay algunas peticiones para obtener pisos de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos y alrededor de medio centenar de solicitudes para obtener una vivienda de promoción privada.
