La nueva plataforma de afectados por la ampliación de la PO-542 (O Pino-Bora) anunció ayer que los vecinos de Marcón y Tomeza están dispuestos a paralizar el proyecto de la Xunta de Galicia "en los tribunales, o a pie de calle". El colectivo, que ha creado una directiva integrada por doce representantes de los distintos lugares y barrios de la zona, ha radicalizado sus planteamientos para asegurar que están "dispuestos a todo", para impedir que llegue a buen término "este capricho político del Partido Popular, que quiere destrozar nuestras vidas".

José Benito Fernández, Pablo Carro y José Luis Fernández son los portavoces de este amplio colectivo. Tratarán de implicar en su causa a todas las asociaciones y federaciones de vecinos de la comarca, principalmente a los residentes de los lugares por los que se prevé ampliar la ronda, porque "hoxe tocounos a nós, pero mañá vailles tocar a outros", advierten.

Entre las próximas acciones de fuerza, prevén realizar cortes de tráfico en la carretera afectada. Protesta que comunicarán previamente al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, para solicitar los correspondientes permisos, si bien ya anunciaron que están dispuestos a realizar acciones de fuerza que puedan acarrear sanciones. "Somos moitos e entre todos habémolas pagar, por iso que non pensen que nos van amedrentar", apuntó un portavoz.

Por otra parte, están dispuestos a hacerse notar en la campaña electoral de la próxima primavera, no solo con acciones de protesta sino también con actos informativos públicos "en todas las parroquias". Quieren trasladar a los electores este proceso político y administrativo "que pretende destrozar as nosas vidas".

En el ámbito legal, ya han presentado recursos y valoran especialmente el Contencioso-administrativo interpuesto por el Concello de Pontevedra. Confían en que esta acción pueda llegar a paralizar el proyecto. De todos modos "nós tamén chegaremos a todas partes, a Madrid ou a Estrasburgo", advierten.

Ministra de Medio Ambiente

Tampoco dejarán de lado la vía administrativa. Solicitarán entrevistas con el Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo, la ministra de Medio Ambiente –para denunciar la alteración del río Pintos y solicitar su intervención para impedir este "atentado ecológico"–, Comisión Europea, e incluso Tribunal de Contas, para que fiscalice una obra que creen innecesaria y "basada nunha mentira, no acceso urxente a un hospital que non existe e que vai ser outro burato de perder cartos públicos", aseguran los portavoces.

Los doce integrantes de la recién creada Mesa de la plataforma se mostraron dispuestos a "chegar a onde faga falta" para impedir que se llegue a realizar el proyecto o, en caso de no lograrlo, "no les va a salir gratis, el señor Telmo Martín [portavoz municipal del PP] va a pagar este capricho con sangre, sudor y lágrimas", aseguró un portavoz de esta Mesa de afectados.

En cuanto a la actividad administrativa de la plataforma, han contratado peritos para valorar las casas, fincas y servicios afectados por el proyecto, ya que temen una ocupación "por vía de urgencia" de sus propiedades sin haber cobrado antes su valor real, algo a lo que anunciaron que harán frente con la misma contundencia.

Explicaron, por otra parte, que los máximos perjudicados no son solo los propietarios de las siete viviendas amenazadas de derribo, sino también los de todas aquellas que se verán afectadas por la obra y que perderán mucho valor.