Los inspectores de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU) precintaron ayer el Tanatorio Montecelo, como paso previo al cumplimiento de la orden judicial de derribo de esta construcción. Al mismo tiempo, representantes de las tres empresas propietarias del tanatorio, Alianza y Barros S.A., Central Funeraria S.L. y Pompas Fúnebres Pontevedra S.L., se reunían en Santiago con el subdirector de la APLU, José María Domínguez Blanco, quien les informó de que la Xunta no tiene intención de realizar ningún tipo de gestión formal ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia de cara a intentar frenar la orden de derribo. Ésta, en principio, se deberá ejecutar el próximo día 12.

Las funerarias informaron al responsable de la APLU de las consecuencias que la demolición implicará para la Administración autonómica, según los empresarios, que anunciaron una demanda para reclamar una "indemnización millonaria".

Entienden que la Xunta es la responsable única del derribo de este tanatorio, que según los empresarios cuenta con licencia. Los portavoces de las funerarias también destacaron que el representante de la Xunta "evidenció la indiferencia de la Axencia ante la previsible concesión, por parte de las administraciones local y autonómica, de un nuevo permiso para reconstruir la instalación en el mismo lugar".

"La Xunta asume que posiblemente la única consecuencia última del proceso será la indemnización a la que se tendrá que enfrentar, y se muestra dispuesta a llegar hasta el final en el derribo con independencia del absurdo de su ejecución", señalaron los empresarios. Pontevedra pasa de este modo de contar con trece velatorios a cinco, tres de ellos en San Mauro y dos en el Asilo de Ancianos.