CC OO denuncia que el impago de las deudas del Concello con Casas Novas impide indemnizar a los trabajadores

C. GARCÍA - PONTEVEDRA La situación de los trabajadores de la constructora Casas Novas, la empresa del ex presidente de la Cámara, Ricardo Mirón, que está sometida a un proceso concursal y cuya plantilla fue despedida en su totalidad mediante un expediente de Regulación de Empleo, volvió ayer a primera línea de la actualidad ante las dificultades que están encontrándose los empleados para poder cobrar la indemnización que les corresponde.
Según explicó el responsable de la Federación de Construcción, Madeira y Afíns (FECOMA) de Comisiones Obreras, Juan Manuel Fajardo, tras las últimas gestiones realizadas desde el sindicato concluyen que los trabajadores todavía tienen que cobrar una "parte importante de su indemnización", después de los últimos pagos realizados por la firma y que fueron posibles "gracias al cumplimiento de los compromisos contraídos, en cuanto a plazos de pago, por parte del concello de Allariz con la parte social".
Comisiones explica que sólo será posible liquidar el total de la deuda de la constructora con el conjunto de la plantilla si el ayuntamiento de Pontevedra, "como ya hicieron otros concellos", cumple los compromisos de pago pactados con la plantilla. Según Fajardo, hasta ahora, el ayuntamiento pontevedrés "está incumpliendo todos y cada uno de los compromisos adquiridos con la parte social de Casas Novas, ni sabemos el resultado del informe externo de mediciones de los trabajos, ni se recibe a esta parte, a pesar de haberlo solicitado por escrito en más de tres ocasiones". "Ni tan siquiera se cumple lo prometido de abonar la parte indiscutible de la deuda del concello de Casas Novas, dejando el resto para los litigios posteriores", dice Comisiones.
Para Fajardo, sólo si el Concello abona la parte de la deuda que se le exige será posible liquidar el conjunto de los abonos pendientes a los trabajadores. "En caso contrario, el Concello mostrará su cara más insolidaria, obviando la realidad de estos trabajadores que, además de perder su empleo, se ven involucrados en una guerra entre el concello y la empresa constructora que afecta a su cartera y a sus vidas familiares", dice. Al parecer, ambas entidades, Concello y empresa, difieren sobre las cantidades adeudadas.
Desde Comisiones insisten en que todo este conflicto de deuda "reconocida y no reconocida", tiene que ver "con una forma de contratación oscura y, cuando menos incierta, y que desde esta federación será puesta en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción, con el objetivo de evaluar las posibles irregularidades, si existen, en la forma de contratar del Concello de Pontevedra".