La sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Supremo que anula los rellenos efectuados en la ría para ampliar el Puerto de Marín es una de las decisiones judiciales "más favorables al medio ambiente que jamás se han dictado en todo el Estado". Así lo destaca el colectivo ecologista Greenpeace en su informe de 2010 sobre el estado de las costas españolas, un informe dado a conocer ayer y que, al margen de este caso, incide una vez más en la presencia a orillas de la ría de Pontevedra, del complejo industrial de Lourizán.

El documento de Greenpeace recuerda que "el Alto Tribunal anuló el Plan Especial del Puerto de Marín por la falta de Estudio de Impacto Ambiental en una zona de altísimo valor como es la ría de Pontevedra y donde se rellenaron con hormigón 300.000 metros cuadrados de ría. La sentencia obliga a la Xunta, a la Diputación de Pontevedra y a la Autoridad Portuaria a efectuar la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado. El Supremo establece un reparto del coste de esta reposición del 30% para la Administración autonómica, 20% para la provincial y 50% para el puerto".

No obstante, hasta el momento no se ha decidido, por parte de estas administraciones, cómo se va a hacer frente a esta orden judicial, que no es recurrible.

Además de los rellenos en el Puerto de Marín, cuya sentencia pone como ejemplo para pedir que se frenen los planes similares en el Puerto de Vigo, y de las referencias tradicionales a Ence y Elnosa, el informe de Greenpeace no detalla ningún otro punto negro, ni ambiental ni urbanístico en la ría y se limita a recordar que el banco marisquero de Placeres está catalogado desde hace años con categoría C por la mala calidad de las aguas en esa zona.