El Tribunal Supremo acaba de confirmar una condena de seis meses de cárcel para un pontevedrés, S. J. R. C., por distribución de pornografía infantil al confirmar la sentencia emitida en su día por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial. El Alto Tribunal desestima así el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal quien, durante el juicio celebrado en la ciudad del Lérez, había solicitado una condena de ocho años de prisión que finalmente se vio rebajada a este medio año de cárcel.

El tribunal, entre otras cuestiones, aplicaba al acusado la circunstancia eximente incompleta de anomalía psíquica, al considerar que sufría "un conjunto de trastornos ansiosos, sobre la base de una personalidad predispuesta, que se han combinado con el consumo de tóxicos hasta llegar a una situación de aislamiento y de grave dependencia" no sólo a las drogas, indica el fallo, "sino también, sobre todo, al uso de internet, en donde el informado se ha envuelto en una conducta autodestructiva consciente pero en la que su voluntad se vio afectada".

Además, la Audiencia también rebajaba la pena al tener en cuenta que no participó en la elaboración del material pedófilo y que simplemente se limitó a descargarlo de la red a través del programa "Emule" y a compartirlo con otros usuarios.

El fiscal no se mostró conforme con la decisión de la Audiencia y decidió recurrir. Argumentaba frente al Supremo que la adicción de tóxicos no especificados combinados unida a una adicción a internet pueda ser entidad como constitutiva de una eximente incompleta en el mismo nivel que quien padece una dependencia muy grave a las drogas más dañinas.

Asimismo, apelaba a la dureza de algunas de las 1.839 imágenes y vídeos que le fueron incautados para que el Alto Tribunal variase los criterios de la Audiencia.

No obstante, el Supremo da por buenas las argumentaciones realizadas por la Audiencia Provincial y mantiene la pena impuesta en su día. Para ello vuelve a recordar el contenido de los informes elaborados por los peritos psicólogos y psiquiatras. Uno de ellos explica: "la voluntad del acusado estaba afectada por la adicción a drogas y alcohol. Estaba en una situación de aislamiento y abandono físico. Se dedicaba a internet y al consumo de alcohol y drogas. Estaba afectada de modo importante su voluntad".

S. J. R. C. fue uno de los detenidos durante una operación policial contra la pornografía infantil, desencadenada tras una denuncia en el cuartel de Santoña, Cantabria, por la que también fue procesado un militar de la Brilat.