El juzgado anula una de las multas impuestas a los vecinos de Salcedo

CARLOS GARCÍA - PONTEVEDRA El juzgado de lo contencioso de Pontevedra acaba de dictar sentencia favorable a los vecinos de Salcedo al anular la sanción impuesta en su día por la Subdelegación del Gobierno al presidente de la Comunidad de Montes –Fernando Pintos, entonces portavoz de la Plataforma de Afectados– a consecuencia de una de las marchas ciudadanas que se produjeron en diciembre de 2008 en contra la franja de seguridad de la Brilat y de las obras que se estaban llevando a cabo por parte de los militares en el monte.
La cuantía de la multa era de 800 euros y el juzgado de lo Contencioso establece que se devuelva la cantidad cobrada por la administración, así como los intereses correspondientes.
Para la directiva de la Comunidad de Montes, el fallo judicial "pon de manifiesto o dereito dos veciños a denunciar os atropelos cometidos polas obras no monte comunal e que as mobilizacións sempre estiveron suxeitas á legalidade e ó estado de dereito, sen que en ningún momento se atentara ou perxudicara a ningún medio personal ou material". Añaden los comuneros que la sentencia también "confirma que a pretensión sancionadora" de la Subdelegación "era a de amedrentar aos veciños". "A franxa de seguridade e as sancións impostas aos veciños de Salcedo son dúas probas evidentes do que non se debe facer co pobo", indican desde la Comunidad de Montes.
La asamblea que se celebrará el día 18 en Salcedo también abordará la propuesta de sanción al comunero y anterior presidente de este colectivo Pastor Torres, al que se le acusa desde la nueva gestora de una serie de irregularidades durante sus dos últimos años de gestión. Según indicó el actual presidente de la Comunidad de Montes, existían dos vías abiertas para analizar la actuación de Torres al frente de la directiva. La primera es a través de un expediente sancionador abierto, que es el que se abordará en esta asamblea y que podría conllevar una sanción de entre cinco años de suspensión hasta su expulsión de la comunidad, aunque la propuesta que realizará la directiva no se dará a conocer hasta la asamblea.
Por otra parte, se planteaba acudir a la vía penal, aunque la directiva aboga por no judicializar esta cuestión debido a que sería preciso encargar una auditoría que absorbería una gran cantidad de recursos económicos que la gestora necesita canalizar hacia otros objetivos "prioritarios".