B. MÁRQUEZ - PONTEVEDRA
Fue una ausencia elocuente. El alcalde Miguel Fernández Lores (BNG) y su socia de gobierno, Teresa Casal García (PSdeG-PSOE) ignoraron ayer la convocatoria hecha por el gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), José Manuel González, para hablar de los futuros usos que se pueden dar a las instalaciones de Montecelo y el Provincial una vez que entre en funcionamiento el proyectado nuevo hospital de Monte Carrasco (Marcón).
El responsable del CHOP había citado a los líderes de los tres partidos con representación municipal con el fin de que hiciesen las aportaciones que considerase oportunas para dotar de contenido las dos infraestructuras que, de cumplirse los planes de la Xunta, quedarán vacías en el año 2015. Sólo el portavoz municipal del PP, Telmo Martín, acudió a la reunión y lo hizo con dos propuestas bajo el brazo: habilitar un centro de día en el Provincial y construir apartamentos tutelados para mayores en Montecelo.
Martín criticó el plantón de sus compañeros de corporación a los que acusó de "no estar con Pontevedra sino con temas partidistas".
Por su parte el gerente José Manuel González declinó valorar las ausencias de Lores y Casal aunque lamentó que no hubiesen aceptado la invitación: "Sentimos no contar con el mayor número de aportaciones posibles pero cada uno tiene que responder de sus actos, no yo".
Relativizó la ausencia al señalar que "pedimos ideas para el plan de usos del Provincial y Montecelo pero, desde luego, tenemos un conocimiento amplio de las necesidades sociosanitarias de la comarca".
El gobierno local y los partidos que lo sustentan defienden la ampliación de Montecelo como mejor opción de futuro para atender las necesidades asistenciales del área norte de Pontevedra y rechazan el proyecto de Monte Carrasco que impulsa la Xunta como alternativa al entender que entrega la asistencia hospitalaria a manos privadas. Además recalcan que construir el hospital único en Montecelo acortaría plazos y ahorarría dinero porque el proyecto está listo para ser adjudicado, cuenta con la infraestructuras de servicios y comunicaciones en marcha y mantendría el carácter público de la sanidad.