El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) presentó el pasado 21 de abril una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra solicitando la nulidad del acuerdo del pleno del Concello de Sanxenxo en el que se aprobó el plan parcial del suelo urbanizable número 14, en Monte Faro. Cabe recordar que el citado plan contempla la construcción de 1.302 viviendas unifamiliares.
El CES ya presentó en su día alefaciones a este plan y al informe de sostenibilidad ambiental que no fueron admitidas. "Isto, unido a que o goberno entrante o verán pasado na Xunta modificou ó seu antollo e sen a xustificación suficiente o informe de memoria ambiental, que o goberno anterior redactara resultando negativo á urbanización da parcela, motivou a actuación ante os xulgados", destacan desde el colectivo.
Las clasificación "incorrecta" del suelo como urbanizable es una de las alegaciones que presentan en la demanda. Así, manifiestan que las normas subsidiarias anteriores al PXOM, calificaba esta zona en un 58% como suelo no urbanizable común, un 33% suelo forestal y un 9% agrícola. "Actualmente recalificouse como solo urbanizable na súa totalidade sen que apareza debidamente xustificado este cambio de uso tan substancial", apostillan.
Po ortro lado, el colectivo sostiene que el plan de urbanización incumple el límite de densidad de vivienda previsto en el PXOM, donde se recoge que no podrá superar las 10 vivendas por hectárea. De esta manera, el número de viviendas que podrían construírse es 344, una cuarta parte de las previstas.
La corrección de errores realizada por la Xunta en la memoria ambiental es otro de los aspectos que alega la asociación demandante en la denuncia. Consideran que se trata de una "corrección sospeitosa". Según sostienen, el nuevo gobierno autonómico modificó la memoria ambiental de tal manera que ahora es positiva, sin justificar debidamente estos cambios.
Finalmente consideran que los criterios que la Consellería de Medio Ambiente impuso en el documento de referencia de la Memoria Ambiental no se cumplen, ya que la urbanización no se integra en el paisaje, no se justifica el consumo de suelo, el sistema de abastecimiento y saneamiento de agua "es insuficiente" y el plan no contempla medidas reales ante el aumento del uso del transporte privado.
"O CES busca na xustiza que vele polo cumprimento da lei e protección ambiental e paisaxística no que se refire á xesión urbanística e do territorio, xa que os nosos gobernantes insisten en que só sexa papel mollado", concluyen los responsables del colectivo.
Este nuevo procedimiento se suma a la reclamación que la constructora de este suelo ha realizado a la Administración Local por la que exige la devolución de los 4,7 millones de euros abonados al Concello por la exención de la construcción de vivienda protegida, al verse ahora obligada a construirla.
