C. GARCÍA - POIO
La Asociación del Pueblo Gitano mostró ayer su preocupación por la parálisis que muestra el proceso de realojo de las familias gitanas cuyas chabolas fueron derribadas en el poblado de O Vao. Una decisión que levantó una fuerte polvareda cuyos coletazos todavía se dirimen en el juzgado. Finalmente, tan sólo uno de los realojos fue arriba con cierto éxito, el de una familia en Boavista, Poio, mientras que las tres que fueron ubicadas en Monte Porreiro tuvieron que regresar a O Vao y las dos que todavía hoy residen en Caritel, Ponte Caldelas, también se encontraron con una fuerte oposición vecinal a su llegada.
Tiempo después, un juzgado de lo Contencioso de Pontevedra daba la razón al concello de Ponte Caldelas y declaraba nula la decisión tomada en su día por el concello de Poio al considerar que se excedía en sus competencias, no al comprar las viviendas en otro municipio, sino al realojar allí a estas dos familias.
Casi dos años después de aquella fuerte polémica, el presidente de Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, mostró ayer su preocupación ante la posibilidad de que las familias afectadas puedan perder los derechos adquiridos entonces como adjudicatarios de unas viviendas protegidas, ya que el contrato en vigor y que tenía como objetivo su reinserción está a punto de finalizar. "Nosotros estamos ya preocupados porque el contrato del poblado transitorio era de dos años, todavía quedan dos meses para que expire pero nos preocupa que nadie haga nada, ni nos diga nada", dice Giménez.
El líder de Pueblo Gitano asegura que durante estos meses han optado por "callar" y esperar a que las administraciones encontrasen una solución, pero ahora no esconde el hecho que las familias "están nerviosas ya que no saben cuál va a ser su vivienda de aquí a tan sólo unos meses".
Sinaí Giménez hace extensible esta preocupación no sólo a las dos familias de Ponte Caldelas, sino también a las que ahora mismo permanecen en O Vao y que tenían adjudicadas viviendas en Monte Porreiro ya que considera que deben mantener los derechos adquiridos en su día como adjudicatarios de una vivienda social.
Por este motivo, pide a las administraciones que retomen cuanto antes las negociaciones para buscar una solución definitiva a los realojos pendientes en O Vao y les recuerda que, de nuevo, existe una fallo judicial que hay que cumplir. "Esperemos que no pase como la anterior ocasión, que esperaron al último día para cumplir una sentencia que conocían desde hacía tiempo y que luego pagaron el pato los de siempre: las familias gitanas que casi se quedan en al calle". El presidente de Pueblo Gitano teme que esto pueda volver a suceder, por lo que pide que se agilice el proceso antes de que expire el contrato de dos años firmado por los afectados. "Lo que no vamos a permitir es que los perjudicados por el retraso de la administración sean siempre los más desfavorecidos y que estas familias se queden otra vez en la calle".
La propia Asociación del Pueblo Gitano ha presentado ante la Xunta diversas propuestas para proceder a los nuevos realojos, no sólo de estas familias, sino también de otras de O Vao que también se encuentran en riesgo de exclusión. No obstante, indican que siguen esperando contestación del gobierno autonómico.