La creación de un juzgado de lo Penal y otro de lo Social en Pontevedra (que deberán entrar en funcionamiento el 31 de diciembre) y la falta de espacio en la sede judicial de A Parda obligará a reubicar a algunos de los órganos de la administración de Justicia en la capital en los antiguos locales de la calle Germán Adrio, que ya fueron utilizados en su día con este fin.
Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por el sindicato CIG quien duda de que estas instalaciones estén en condiciones de acoger dos juzgados.
Delmiro Durán, secretario nacional del sector Xustiza, aseguró que estas dependencias ya fueron “deixadas hai doce anos por no reunir as condicións adecuadas para os xulgados”.
Graves carencias
Entre algunas de las deficiencias que presentan, recuerda que se trata de unas oficinas en un bajo y una entreplanta en un edificio de viviendas y que ambos ni siquiera están comunicados por ascensor, sino por una escalera interior. Además, cuentan con barreras arquitectónicas que impedirían el acceso al primer piso de personas con problemas de movilidad reducida.
A esto hay que sumar que “non conta con servicios indispensables, carece de luz natural en todas as dependencias, ten humidades ou non ten calefacción”, entre otras cuestiones.
Por último, insisten en que esta nueva situación llevaría a la ciudad a situarse en la dispersión de sedes judiciales que padecía 12 años atrás.
Además, Delmiro Durán solicitó información a la Xunta de Galicia para que también aclare a los trabajadores cuales son los órganos judiciales que se verán obligados a trasladarse a estas dependencias o si se va a llevar a cabo alguna reforma en los referidos locales.
