El Concello de Pontevedra ya dispone de autorización de la jefatura provincial de Costas para acometer la mayor parte de su ambicioso proyecto de reforma de la PO-12, la avenida de Marín desde As Corbaceiras y la rotonda de Malvar. Este departamento del Ministerio de Medio Ambiente ha suavizado las condiciones impuestas inicialmente para este proyecto, de unos tres millones de euros, y ya no exige que el concello solicita una concesión para la totalidad del ámbito de actuación. Eso sí, esa petición de ocupación de terrenos marítimo-terrestres aún se mantiene para actuar en el borde litoral, en concreto para instalar una pasarela peatonal paralela a la autovía, pero sobrevolando el mar.
La prueba de este cambio de postura de Costas es que desde hace unos días el concello ya trabaja en la calzada de la propia autovía, para construir aceras en el tramo más alejado de la ría. De este modo, se agiliza una reforma que hasta ahora se limitó a zonas alejadas del mar, como la calle Licenciado Molina. Ahora, el concello ya podrá actuar en el tronco principal de la autovía de Marín.
Cambio de concesiones
El concejal no electo de Mobilidade, Luis Bará, visitó ayer la zona de obras y analizó con los vecinos el calendario previsto, una vez que se ha salvado, al menos en gran parte, el obstáculo de Costas. Según explicó el propio Bará, inicialmente este departamento exigía al concello que tramitara una concesión de ocupación de la totalidad de la autovía de Marín, una petición que el concello local consideraba "absurda" porque ese trámite tendría que haberlo hecho en su día el Ministerio de Fomento. Con el cambio de responsable en la jefatura provincial, el nuevo delegado Cristóbal Fernández "mantuvo contactos con el ministerio en Madrid y se llegó a la solución de permitir las obras como actuaciones de reparación y mejora, con la obligación de comunicarlas por escrito", añade el edil. Esta solución, en todo caso, deja al margen la pasarela de madera y los miradores sobre la ría, para los que sí se debe tramitar esa concesión. Al respecto, se aguarda un informe de la Consellería de Medio Ambiente, que determine si es necesaria o no una evaluación ambiental estratégica. Una vez que se reciba ese documento (solicitado el verano pasado y que podría recibirse este mes), el gobierno local ya podrá tramitar ante Costas esa concesión.
Paralelamente, también se negocia con Portos de Galicia su oportuna autorización para trabajar en las inmediaciones de la sede de la Autoridad Portuaria y en otros ámbitos portuarios, todos ellos propiedad de la entidad autonómica, tras su adquisición hace unos meses al organismo estatal.
Con estas negociaciones con Costas se resuelve el segundo frente abierto entre el concello y el Ministerio de Medio Ambiente en los últimos meses. El primero fue el puente das Correntes, una obra que fue paralizada por Costas en junio pasado y acaba de recibir por fin su autorización formal. El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, asegura que la empresa adjudicataria "ya trabaja en la reanudación de las obras" y confía en que las labores físicas en el río se puedan ver en cuestión de días.
