Absueltos de un delito de blanqueo tres familiares y dos conocidos de un arousano asesinado en Silleda

La Audiencia Provincial estima que no quedó acreditado "con claridad y rotundidad" que su patrimonio provenga del narcotráfico

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Los acusados sentados en el banquillo durante el juicio.
Los acusados sentados en el banquillo durante el juicio.  R. Vázquez

C. G. - PONTEVEDRA La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió a los padres y a la hermana de uno de los dos jóvenes arousanos asesinados en 2005 en Silleda, Víctor Manuel González Silva, de un delito de blanqueo de capitales que les imputaba la Fiscalía.
El Ministerio Público solicitaba una pena de prisión de cinco años para los vilagarcianos Manuel González Iglesias, de 66 años; María del Carmen Silva Fernández, de 62; y Mercedes González Silva, de 38; padre, madre y hermana, respectivamente, del joven tiroteado en 2005 en un ajuste de cuentas. Por su parte, reclamaba una condena de tres años para Mónica Sánchez Piñeiro, amiga del fallecido; y José Manuel García Barros, constructor de Moraña; las otras dos personas imputadas en relación a diversas operaciones inmobiliarias. Ambos también resultan absueltos.
En cuanto a los tres primeros, la sentencia recoge como hechos probados que entre los años 2001 y 2005 realizaron diversas operaciones adquiriendo activos financieros en Bélgica, Luxemburgo, Alemania y Reino Unido por valor de 617.000 euros que luego vendieron por importes ligeramente inferiores. No obstante, para el tribunal no queda acreditado “con la claridad y rotundidad” que el dinero invertido en estas operaciones “proviniera de la comisión de un delito de tráfico de drogas o que tuviera un origen ilícito”. El fallo añade que, si bien no se justifica “la procedencia del dinero empleado en las operaciones, lo cierto es que no puede afirmarse, fuera de toda duda razonable, que tal dinero procediera del narcotráfico”. La sentencia incluso reconoce que por parte de los acusados, que se acogieron a su derecho a no declarar en el juicio, “no se justifica una capacidad económica suficiente” y que tampoco se acreditó que un cheque de 199.000 euros correspondiese a un premio de lotería tal y como alegan (sólo se pudieron corroborar 9 millones de pesetas de un premio de Lotería de Navidad vendido en un bar de Rubiáns, Vilagarcía). No obstante, el tribunal echa en falta que la prueba documental fuera acompañada de un informe económico financiero que analizase el conjunto de operaciones realizadas y que, especialmente, comprobase el punto de partida de los diferentes movimientos de caja y los relacionase con la compra-venta de activos financieros para “incluso descartar que pudiera tratarse de los mismos títulos”.
No hay suficientes pruebas, añade, de que los ocho vehículos intervenidos fueran adquiridos con dinero procedente de negocios ilícitos y tampoco se refiere el fallo a la aparición de 1,4 millones de euros en un garaje atribuido a Víctor Manuel.

Falta de antecedentes

Por último, el tribunal señala que la “única conexión” de estos tres acusados con el supuesto hecho delictivo, el tráfico de estupefacientes, es su parentesco con Víctor Manuel González conocido como “El Gorrión”, procesado en 2001 por un juzgado de Murcia por este delito, si bien recuerda que se declaró la extinción de su responsabilidad criminal tras su muerte en 2005. La Audiencia remarca que incluso se desconoce si se celebró juicio o se dictó sentencia por este caso. Para finalizar, el fallo indica que “la falta de certeza acerca de la vinculación de Víctor Manuel con actividades procedentes de narcotráfico y por lo tanto, la duda acerca de que el dinero y bienes gestionados por estos acusados tuviera su origen en actividades ilícitas conlleva la aplicación del principio “in dubio pro reo”.

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