La negociación para el traslado de la fábrica de Ence de Lourizán promovida por el anterior gobierno bipartito de la Xunta se frustró, finalmente, al exigir la empresa una compensación de 500 millones de euros. Una cantidad "excesiva e inasumible", en palabras de Carmen Gallego. La diputada autonómica del PSdeG-PSOE hizo ayer esta revelación en Pontevedra, a donde se desplazó para dar a conocer la proposición no de ley que presentará el grupo socialista en el Parlamento de Galicia con el fin de que el gobierno de Núñez Feijóo "defina su posición sobre el futuro de Ence" .

La diputada pontevedresa explicaba ayer que la postura de su partido es de sobra conocida: quieren que Ence salga de la ría y que se instale en otro punto de Galicia, cerrando el ciclo productivo. Una reubicación que, en su opinión, debería hacerse de manera lo más consensuada posible con la empresa, los sindicatos y los concellos implicados. En este sentido recordó que, antes de frustrarse la negociación del gobierno anterior, ya se había determinado una localización alternativa: en As Pontes de García Rodríguez.

El alcalde y la corporación de este municipio había manifestado su "buena disposición" a acoger la planta de pasta de papel pontevedresa.

La propuesta de reubicación presentada por el portavoz municipal y presidente local del PP, Telmo Martín, no merece mayor atención por parte de la parlamentaria pontevedresa. "No tiene sentido trasladar la fábrica a un lugar (Marcón) desde donde los vertidos llegarían igualmente a la ría" señala.

Larga y complicada

Gallego reconocía ayer que toda negociación sobre un posible traslado de Ence va a ser "larga y complicada" y situaba en seis o siete años el periodo de tiempo necesario para materializar una alternativa.

Por este motivo, la parlamentaria apuntaba que "el diálogo debería estar cerrado o muy avanzado en este año 2010 o como muy tarde a lo largo de 2011" . No hay que olvidar, recordaba, que la concesión administrativa de los terrenos que ocupa la planta de Lourizán en dominio marítimo terrestre vence en el año 2018.

Sin caer en el optimismo y sin aventurar resultados, Gallego destacaba ayer un hecho positivo: "la empresa está dispuesta a hablar de traslado". Una afirmación reiterada en el tiempo por distintos responsables políticos, que apuntaron la existencia de contactos discretos e informales, y negada sistemáticamente por la dirección de Ence, que siempre optó, en público, por un lacónico "hasta 2018 no hay nada de que hablar".

Hace dos años la dirección del grupo Ence presentó una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente pidiendo una prórroga de veinte años de la concesión de Lourizán, amparándose en disposiciones adicionales de la Ley de Costas. Carmen Gallego informaba ayer que esta petición quedó desestimada.

La negociación sobre el hipotético traslado de Ence fuera de la ría de Pontevedra deberá conllevar una serie de actuaciones en paralelo encaminadas, por un lado, a garantizar el mantenimiento del empleo en la comarca de Pontevedra, tal como recoge la proposición no de ley presentada por los socialistas.

En paralelo

En este sentido instan a la Xunta de Galicia a elaborar un plan industrial destinado a minimizar los efectos económicos del traslado de la pastera y a recolocar a los trabajadores que no se recoloquen en la nueva planta.

Pero además también reclaman que se incentiven nuevos proyectos empresariales que permitan cerrar el ciclo productivo del papel en Galicia y promocionen las energías renovables. En esta línea, la diputada Carmen Gallego apunta a la puesta en funcionamiento de plantas de biomasa. Una opción en la que la propia Ence está interesada.

As Pontes, al igual que había hecho en su día respecto a Celulosas, también manifestó ya su interés en acoger una planta de biomasa.