C.G. - PONTEVEDRA
El juicio de faltas contra los cinco vecinos de Monte Porreiro denunciados por coacciones por la Asociación del Pueblo Gitano ya tiene fecha después de que fuera aplazado en octubre. Será el próximo jueves a las 11 horas en el juzgado de Instrucción Número 1 de A Parda.
El proceso judicial contra estas cinco personas tiene su origen en las protestas que se llevaron a cabo en Monte Porreiro a raíz del realojo de varias familias de etnia gitana procedentes del poblado chabolista de O Vao en este barrio pontevedrés. La decisión del Concello de Poio y de la administración autonómica de instalar a estas familias en un edificio de la calle Alemania y en un bajo de la calle Portugal tras el derribo de sus chabolas ilegales provocó una serie de movilizaciones y manifestaciones.
Los vecinos entendían que los realojos se basaban en una decisión administrativa del Concello de Poio que no era legal y que, además, iba a trasladar al barrio de Monte Porreiro el foco de venta de droga que es el poblado de O Vao. Unas movilizaciones a las que se unieron posteriormente los vecinos de la parroquia de Caritel, en Ponte Caldelas, en donde fueron realojadas otras dos familias. Después de estas protestas vecinales la Xunta decidió dar marcha atrás en los realojos y las familias gitanas abandonaron Monte Porreiro.
La Asociación del Pueblo Gitano, que preside Sinaí Giménez, entendió que estas manifestaciones "arrebataron" a los chabolistas el derecho a poder elegir su lugar de residencia y que los vecinos "secuestraron la libertad de estas familias a vivir en Monte Porreiro mediante coacciones, amenazas y desórdenes públicos".
Fue por este motivo por lo que Pueblo Gitano denunció por la vía judicial a los cinco imputados, entre ellos algunos de los líderes vecinales de Monte Porreiro, como el ex presidente de la asociación de vecinos, Ángel Mario Lago. La Fiscalía llegó a tomar declaración a los denunciados pero finalmente todo quedó en una imputación por faltas que se dilucidará en este juicio.
Los vecinos siempre defendieron que se trató de movilizaciones contra una decisión administrativa y no contra las familias.
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