B. M. - PONTEVEDRA
Medio millón de metros cuadrados en Leborei, en la parroquia pontevedresa de Cerponzóns y Monte Pituco, en Marín. Son las propuestas apuntadas por los gobiernos locales de Pontevedra y Marín para instalar un área logística que dé servicio al recinto portuario de Marín. A mayores existe un compromiso: el del portavoz municipal del PP de la capital, Telmo Martín, que citó entre sus prioridades para este año localizar una posible ubicación para un puerto seco y un planteamiento en cartera del presidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán: habilitar un espacio para el área industrial portuaria en el polígono empresarial de Barro-Meis.
La construcción del llamado puerto seco es una necesidad demandada desde hace años, que ahora adquiere una especial urgencia al declarar el Tribunal Supremo ilegal un relleno de 350.000 metros cuadrados de la ría, en el que están asentadas cuatro empresas y el muelle de contenedores del puerto. Un fallo que da respuesta a la demanda de la plataforma vecinal Praza dos Praceres contra el paso de la línea de ferrocarril que cruza este espacio público de la parroquia de Lourizán.
Sin saberse todavía si este relleno será o no levantado, distintos agentes sociales (sindicatos como UGT o CC OO y organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio o Aempe) instan la creación de esta parque empresarial portuario, que deberá cumplir los siguientes requisitos: ampliable, conectado por ferrocarril y con buenas comunicaciones viarias.
Los agentes sociales urgen una respuesta que contribuya a dar seguridad empresarial y laboral en la comarca en un momento de crisis como el que vivimos, no en vano reconocen que el puerto es a día de hoy el parque industrial más importante de la comarca.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra, José Benito Suárez, defiende la necesidad de disponer de la citada área industrial complementaria pero no se pronuncia sobre una posible ubicación. Es una cuestión que, en este momento, no considera prioritaria.
También guarda silencio sobre cuál será el futuro del relleno, a la espera de que la Abogacía del Estado emita un informe sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan de ordenación portuaria que ampara el citado relleno. Buscan una fórmula que les permita evitar una actuación que, según sostienen en la Autoridad Portuaria, conllevaría un impacto ambiental y unos perjuicios económico-empresariales y laborales "difícilmente asumibles".
A los perjuicios económico-laborales apelan también los agentes sociales para calificar de "inviable" el cumplimiento de la sentencia.
Mientras el contencioso judicial no escribe su último capítulo se está construyendo un nuevo relleno en la ría, a pesar de la petición expresa dirigida a la Autoridad Portuaria por los vecinos y asociaciones ecologistas que paralice la obra.
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