El PP se muestra "esperanzado" en que la ciudad reciba un nuevo juzgado de lo Penal y otro Social

REDACCIÓN - PONTEVEDRA El grupo municipal del PP se muestra “esperanzado” de que Pontevedra logre a medio plazo la ampliación de su planta judicial con un cuarto juzgado de lo Penal o otro de lo Social, que también sería el cuarto de este tipo en la capital. Esta esperanza se basa, entre otros motivos, en que el conselleiro de Presidencia e Xustiza, Alfonso Rueda, “es pontevedrés”. Así lo apuntó ayer el portavoz del PP, Telmo Martín, que volvió a emplazar al gobierno local a negociar o expropiar los terrenos necesarios en A Parda para un segundo edificio judicial.
El edil popular reiteró ayer que la fórmula elegida por el gobierno local para obtener esa parcela de 6.000 metros cuadrados (la vía de la supramunicipalidad) es rechazada por la Xunta, por lo que el concello debería negociar con los propietarios dispuestos, e iniciar el expediente de expropiación con los que rechazan esa negociación “al tratarse de la fórmula más rápida”.
Para reforzar la urgencia de obtener este suelo y acometer las obras del edificio judicial, Martín citó la posible llegada a Pontevedra del juzgado de lo Penal 4, “que próximamente se va a confirmar, y ahora hay una nueva oportunidad, ya que una comunidad autónoma acaba de renunciar a un nuevo juzgado y a Galicia se corresponden dos nuevos, por lo que el PP pide a la Xunta que uno sea para aquí, en concreto el cuarto de lo Social, muy necesario porque los tres actuales están muy saturados. Tenemos muchas esperanzas en lograrlo porque el conselleiro es pontevedrés”.

No sentar precedente

La oposición cuestiona la posible fórmula provisional para albergar estos órganos judiciales de utilizar las antiguas sedes autonómicas e insiste en que el concello podría disponer en tres meses del terreno de A Parda si aceptara la propuesta del PP. “El alcalde y la teniente de alcalde saben que la Xunta no acepta la vía supramunicipal porque ya hablaron con Rueda. Se trata de una fórmula que el Gobierno gallego no aplicó en ningún sitio y no quiere sentar ese precedente”, al tratarse de un suelo ya calificado para equipamientos, dice Martín, que reconoce que “si se ofrecieron terrenos no calificados así, la Xunta sí aceptaría esa vía”. Además, sospecha que “a lo mejor, al gobierno local le molesta que la Xunta sí tenga en cuenta ahora a Pontevedra y pretenda invertir 15 millones de euros”.