C. GARCÍA - PONTEVEDRA
Final a cinco meses y ocho días de una auténtica pesadilla. Después de 161 días retenido en el puerto de Nuadibú, las autoridades de Mauritania permitían a las 16.30 horas de ayer (17.30 horas en España) que el "Bahía de Portosanto" soltase amarras rumbo a Las Palmas de Gran Canaria. Allí esperan pertrechar y reparar el barco, deteriorado tras tantos meses de parón.
Las autoridades permitían que el buque de Marín dejase el muelle de Nuadibú sólo después de confirmar que se recibía la transferencia de los 13.800 euros que impusieron a la casa armadora por una última multa bajo la acusación de pesca ilegal. Una sanción firmada hace tan sólo unos días por unos hechos acontecidos hace meses, ya que desde el 20 de agosto el buque permanecía amarrado y sin permiso para hacerse a la mar.
La odisea del "Bahía de Portosanto" se inició el 20 de agosto del pasado año cuando el buque se vio envuelto en un accidente al colisionar con otro barco que acabó hundiéndose. El barco gallego fue retenido y se le retiró el pasaporte a su patrón, José Portas, a la espera de que se aclarasen las posibles responsabilidades del buque en el accidente.
A partir de ahí se fue tejiendo una maraña legal y burocrática en los juzgados de Nuadibú en la que se atrapó al "Bahía de Portosanto" durante meses. Finalmente, en diciembre parecía que la situación se aclaraba cuando un tribunal fijaba una elevada fianza que cubriría las supuestas responsabilidades del buque marinense en el siniestro. No obstante, días más tarde llegaron de nuevo los problemas ya que las autoridades mauritanas se negaban a aceptar las garantías de pago de esta fianza que se presentaban desde España.
Esto llevó al armador del buque, Santiago Iglesias, a una situación desesperada y a iniciar una huelga de hambre ante el consulado español en Nuadibú que duró varios días. Cesó su actitud ante la promesa de que se iban a buscar nuevas fórmulas para que las autoridades mauritanas aceptasen el pago de la fianza. Algo que ocurrió por fin hace sólo tres días. Desde entonces los marineros permanecían embarcados en el barco a la espera de soltar amarras, algo que impedían de nuevo las autoridades con una última multa, esta vez por supuesta pesca ilegal. Una acusación que negaba ayer el patrón, José Portas.
Estos cuatro meses parados dejan graves pérdidas que el armador del barco cifró, como mínimo, entre 250.000 y 300.000 euros.
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