B.M. - PONTEVEDRA
Los trabajadores de los centros e instalaciones deportivas de Pontevedra recabaron ayer el respaldo del alcalde de la ciudad, Miguel Fernández Lores, a sus demandas salariales y laborales.
Tras concentrarse ante el Concello, el regidor pontevedrés recibió a una representación de los huelguistas que le solicitaban un encuentro. Querían cotejar con él el argumento esgrimido por los portavoces de Asidega, la patronal del sector, para rechazar su aspiración de llegar a ser “mileuristas” aduciendo que en muchos casos explotaban concesiones municipales que hacían inviable compatibilizar la subida salarial con el cumplimiento de las condiciones del servicio y la obtención de beneficios.
Fernández Lores puso en tela de juicio este argumento empresarial explicándoles que existen mecanismos para reajustar la concesión si se produce una subida salarial y mejoras laborales como las que demandan, según explicó ayer el portavoz de los huelguistas y delegado de CC.OO, Manuel González.
Centros cerrados
La huelga de los trabajadores de las instalaciones deportivas, que se extiende por toda Galicia, mantiene cerrados centros como las piscinas de Campolongo o la de Pontemuiños en la capital, desde el pasado sábado ya que el seguimiento es masivo.
El paro continuará hoy pero no mañana, tal como estaba previsto en la convocatoria, día en el que volverán al trabajo como gesto de buena voluntad dado que está prevista una reunión entre las partes que podría desbloquear el conflicto y encaminar un posible acuerdo.
En el horizonte está una huelga de carácter indefinido cuyo inicio está previsto para el próximo 1 de febrero.
Los trabajadores de las instalaciones y centros deportivos reclaman la firma de un convenio marco de ámbito gallego que regule sus condiciones de trabajo, hasta ahora sujetas a un acuerdo estatal de mínimos que, en opinión de los huelguistas, los condena a la precariedad.
Mejoras laborales
La subida salarial es el principal caballo de batalla aunque no el único. Con una nómina que no supera los 850 euros mensuales, con las pagas prorrateadas incluidas, el personal de los centros deportivos reivindica un salario base de 1.100 euros al mes. Un objetivo para el que están dispuestos a pactar un incremento escalonado de entre tres y cuatro años.
También reivindican la regulación de la jornada laboral, ya que un porcentaje mayoritario de trabajadores tiene contratos a tiempo parcial, cuando no por horas, lo que añade precariedad a su situación laboral.
La huelga intermitente de los empleados de instalaciones deportivas está generando pérdidas económicas y de credibilidad a los centros, ya que en número creciente están reclamando la devolución del dinero, o descuentos en los recibos, por las sesiones deportivas que no pueden realizar.
Los huelguistas animan a la clientela a presentar la reclamación para que sirva de presión ante las direcciones y fuerce la negociación.