B.M. - PONTEVEDRA
Tres partes condenadas a entenderse y sobre la mesa una propuesta de despido de 24 trabajadores. Administradores concursales, dirección y sindicatos mantuvieron ayer un primer contacto para abordar la posible extinción laboral de la mitad de la plantilla de la constructora pontevedresa Casas Novas.
El comité exige como requisito "sine qua non" para hablar de una hipotética negociación conocer la situación económica "real" de la empresa. "Sólo con estos datos en la mano podremos plantearnos un diálogo", explicaba ayer el responsable de CIG-Construcción, Xaquín Agulla.
"Nos dicen que no tienen liquidez pero no aclaran, por ejemplo, que pasa con el dinero de la deuda saldada por la promotora Os Regos, que por cierto está participada por los mismos empresarios" indica el portavoz sindical.
La reunión aclaratoria se celebrará el próximo lunes, cuando los administradores nombrados por el Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra, que lleva el proceso concursal en el que están inmersos, presenten el informe económico de la constructora y si ha lugar el correspondiente plan de viabilidad.
El juzgado, que admitió a trámite, la solicitud de extinción de contratos (despidos) presentado por Casas Novas habilita un plazo de quince días para negociar un posible acuerdo entre la dirección y los trabajadores, pero este plazo aún no ha comenzado a correr ya que no habían sido notificadas todas las partes implicadas.
Xaquín Agulla criticaba ayer la "celeridad" que Casas Novas quiere imponer al expediente con el que pretenden dejar en la calle a 24 trabajadores de una nómina de 51.