B. MÁRQUEZ / PONTEVEDRA
La falta de noticias de la Autoridad Portuaria lleva a la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) a recurrir a los tribunales para que la Justicia paralice las obras de un nuevo relleno de la ría de Pontevedra de 25.000 metros cuadrados, licitadas dos días antes de que el Tribunal Supremo dictase la sentencia firme que anula el Plan Especial de Ordenación del Puerto y declara "ilegal" una ampliación anterior de 300.000 metros. Los ecologistas sostienen que la nueva actuación incide "nos mesmos erros do pasado" y en consecuencia vulnera la legalidad, además de "deixar traslucir o pouco respecto que se ten pola sociedade civil e polos tribunais".
Defensa da Ría se había dirigido, por escrito, el pasado 2 de diciembre al presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, para pedirle que paralizase "de inmediato" el nuevo relleno, que en su opinión ahondaba en una ilegalidad. Una petición que no ha sido atendida por lo que ahora la asociación dará un paso adelante y acudirá a la vía judicial siguiendo el camino iniciado ya en 1994 de lucha contra la degradación de la ría. En los próximos días formalizarán en el juzgado de guardia la correspondiente denuncia contra el nuevo relleno y solicitará la suspensión cautelar de las obras.
Con esta petición la APDR trata de evitar situaciones como la creada por la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal un plan especial que "pese a su naturaleza estrictamente urbanístca, pretende en realidad planificar y legitimar por sí una ampliación muy significativa del espacio portuario, sobre terrenos ganados al mar mediante la ejecución de rellenos y nuevos muelles". En los 300.000 metros cuadrados cuestionados se asientan cuatro empresas y un muelle de contenedores.
Sin dilaciones
Precisamente al perjuicio económico y laboral que ocasionaría trasladar la actividad industrial que se realiza sobre esta ampliación, así como al "enorme" impacto ambiental que provocaría demoler este suelo ganado al mar, apelan la Autoridad Portuaria, sindicatos y organizaciones empresariales para reclamar la búsqueda de una "salida pactada" que obvie la ejecución de la sentencia.
Como alternativa proponen, con mayor o menor entusiasmo según el caso, la construcción de un puerto seco que dé cabida a estas industrias y a futuras empresas relacionadas con la actividad portuaria.
Defensa da Ría y la Plataforma en Defensa da Praza dos Praceres, impulsora de la demanda contra el Plan Especial del Puerto que da cobertura a la infraestructura viaria que atraviesa el barrio, reclaman el cumplimiento "sin dilaciones" de la sentencia del Supremo. La primera lo hace por la vía de la movilización social (recogida de firmas) y la segunda por la vía judicial (al ser actora del contencioso).
