Afiliados de la ONCE se manifiestan contra el "desmantelamiento del Santiago Apóstol"

REDACCIÓN - PONTEVEDRA Afiliados de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) de Pontevedra, Vilagarcía y Vigo, se manifestaron ayer en Madrid, junto con otros 4.000 compañeros del resto de España, contra la gestión que lleva a cabo la actual cúpula directiva de la entidad. En el caso concreto de la ciudad del Lérez, el malestar de estos afiliados se manifiesta contra el reciente cierre de agencias y, sobre todo por el "desmantelamiento del colegio Santiago Apóstol", el centro de referencia de la ONCE en la comarca y sobre el que existe un convenio urbanístico para que pase a manos del concello a cambio de construir un centro de recursos en la calle 12 de Novembro.

Félix Gende, que en su día fue director de aquel centro, fue uno de los 53 pontevedreses que en la noche del viernes partieron en autobús hacia Madrid desde la ciudad, explicaba ayer, al término de la manifestación en la capital de España que el objetivo de la marcha era "la defensa de la dignidad y de los derechos de los afiliados" en materias como el convenio colectivo o la sanidad complementaria, pero en una lectura más local, también destacó el malestar con las recientes decisiones de la dirección en Pontevedra, como el cierre de agencias o el caso del colegio "Santiago Apóstol".

Gende recordó ayer que este centro se diseñó en su día como colegio para educar a los niños invidentes, con una residencia, pero en su día "se decidió la desaparición del colegio-residencia y se convirtió en un centro de recursos, con lo que los niños se integraron en la educación convencional". Félix Gende reconoce que "la educación integrada tiene su valor, pero carecer del edificio-residencia afecta a niños con menos posibilidades".

Este colectivo de discrepantes no cuestiona la cesión de la residencia al concello por si misma, sino por el "hecho de que significa dilapidar el patrimonio de la ONCE". Esa residencia, emplazada cerca de Campolongo y sin uso desde hace tiempo, será entregada al concello en virtud del convenio urbanístico firmado entre ambas partes. Aunque ese convenio está aún bloqueado en la Xunta por desacuerdos técnicos, el gobierno local ya ha ofrecido el inmueble a la Universidad de Vigo como "solución provisional" para los problemas de espacio del campus local.

Hace unos días, el propio rector, Alberto Gago visitó ese inmueble y se mostró partidario de utilizarlo para fines universitario, pero en ningún caso para albergar futuras titulaciones. El destino más probable es su aprovechamiento como residencia universitaria, ya que su diseño favorece ese uso. El edificio dispone de medio centenar de habitaciones individuales, dobles y triples con capacidad para 116 personas, además de ortos servicios complementarios como salas multiusos, gimnasios y otros departamento.