Los ecologistas recurrirán a la vía judicial para lograr paralizar los nuevos rellenos

B. MÁRQUEZ - PONTEVEDRA Los ecologistas se han dirigido por escrito al presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, para pedirle que no siga adelante con los nuevos rellenos en la ría que salieron a concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos días antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Especial del Puerto y declara ilegales un relleno de 350.000 metros cuadrados que había sido proyectado en 1994 y realizado años después bajo el amparo de dicho plan.

La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) entiende que las nuevas obras "inciden nos mesmos erros do pasado" y en consecuencia vulneran la legalidad, además de suponer una nueva e innecesaria agresión a la ría de Pontevedra.

El proyecto que ahora empieza a andar pretende ganar al mar 25.000 metros cuadrados más. Este colectivo considera además, y así se lo hace saber a Suárez Costa, que esta insistencia en proseguir con actuaciones descalificadas judicialmente "deixan traslucir o pouco respecto que a entidade que preside en pola sociedade civil".

Vía judicial

La solicitud remitida a la Autoridad Portuaria es un primer paso, al que seguirá en los próximos días la presentación de una demanda judicial pidiendo que se ponga fin a la nueva ampliación del recinto del puerto de Marín. La futura demanda llevará un anexo: la solicitud de suspensión cautelar de los trabajos, con el fin de que la lentitud de la Justicia no posibilite la ejecución de una política de hechos consumados.

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo que declara ilegal 350.000 metros cuadrados de relleno es la respuesta definitiva que da la Justicia a la Plataforma da Praza dos Praceres que reclamaba la anulación del Plan especial del puerto ya que daba cobertura a la infraestructura ferroviaria que atraviesa la plaza pública de Os Praceres.

La asociación ecologista pontevedresa analizaba entonces, en relación a los rellenos en la ría, y analiza ahora, en relación a nuevas e idénticas ampliaciones, que "estos (os recheos) non son necesarios para actividade portuaria e ademáis son prexudiciais para a nosa ría e para a explotación dos recursos marisqueiros e pesqueiros que nela existen".

Sobre el espacio ganado al mar declarado ilegal se levantan cuatro empresas y una terminal de contenedores, circunstancia esgrimida por la Autoridad Portuaria, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales para plantear el mantenimiento del "status quo" o en su defecto plantear una negociación encaminada a pactar un período de transición en el cual se busque y habilite un área logística portuaria (puerto seco) para trasladar las firmas que ahora están radicadas en el relleno y acoger en el futuro otras fábricas o servicios.

Todos ellos ponen sobre la mesa las dudas que supone levantar un relleno de las dimensiones del declarado ilegal: su viabilidad técnica, el posible impacto ambiental de estos trabajos, si es posible o no asumir su coste económico, etc.