Rueda descarta el plan sectorial para la nueva sede de juzgados y reclama los terrenos al concello

N. D. - PONTEVEDRA Pese a las buenas palabras y la "voluntad de colaboración" plasmada por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y el alcalde, Miguel Fernández Lores, para acelerar la ejecución de un nuevo edificio judicial en A Parda que alivie las actuales carencias de espacio, las discrepancias presiden, por el momento, este proyecto. La Xunta acaba de enviar al concello un borrador de convenio para afrontar estas obras, en el que descarta acudir a la vía supramunicipal y declarar un plan sectorial, como solicitó desde el principio el gobierno local para "acelerar y facilitar" en engorroso proceso de expropiaciones de los terrenos.
En la carta que Alfonso Rueda envía a Lores, acompañando a la propuesta de convenio, la consellería recuerda la obligación municipal de poner a disposición de la Xunta los terrenos, por lo que emplaza al alcalde a obtenerlos lo antes posible. Sin embargo, Lores ya advirtió ayer de que esa fórmula "supondrá un notable retraso" toda vez que las expropiaciones que llevan a cabo los ayuntamientos se demoran durante años, y puso como ejemplos los casos de las viviendas de Pasarón o, incluso, los viales perimetrales de A Parda, aún en litigio.
El convenio planteado por la Xunta recuerda su intención de destinar 15 millones de euros a este nuevo edificio, que tendría una superficie construida máxima de 12.000 metros cuadrados, en un solar de unos 5.000 metros cuadrados colindante con la sede judicial actual y catalogado como equipamiento. No obstante, se trata de unos terrenos de titularidad privada y Lores recordó ayer, una vez más que "si bien algunos propietarios estarían dispuestos a negociar, hay otros que ya han mostrado en otras ocasiones su beligerancia y negativa a aceptar este tipo de acuerdos, como ocurre con las perimetrales de A Parda". Por ello, el alcalde propuso en su día acudir a la vía supramunicipal para resolver estas dificultades expropiatorias, aunque insiste en que "el concello abonaría esas expropiaciones y la urbanización"
Esta opción fue rechazada hace unas semanas por el portavoz del grupo municipal del PP, Telmo Martín (cuya empresa promotora es una de las propietarios del solar en cuestión) al estimar que no tiene cabida en este caso. Esta opinión de Martín es ahora refrendada por la Xunta, en la linea de la "plena sintonía" de los últimos meses entre los anuncios del PP local y las posteriores decisiones del Ejecutivo gallego.
Estas discrepancias fueron abordadas, de manera informal, el pasado sábado por Lores y Rueda al coincidir ambos en la apertura del salón del vino Enotur. Sin embargo, hasta ayer, pasado el puente festivo, el alcalde no pudo analizar con calma el borrador de convenio, que llegó al concello el viernes, diez semanas después de la entrevista forman entre ambos responsables. El 25 de septiembre, en la primera visita oficial de Alfonso Rueda a Pontevedra, la Xunta y el concello mostraban mayor sintonía que ayer. Aquel día se mostraban de acuerdo en acelerar esta nueva sede judicial. El titular de Presidencia, Administraciones Públicas y Xustiza aseguró entonces que "la Xunta va a hacer" este edificio y destacó que tiene ya consignados 15 millones de euros de los 100 que destinará el Gobierno autonómico al plan de infraestructuras judiciales de Galicia. El conselleiro adelantó que la nueva sede cubrirá las necesidades de la ciudad para los próximos "20 ó 30 años".
Peticiones mutuas
Tanto el alcalde como el conselleiro manifestaron con rotundidad la voluntad para que se lleve a cabo el proyecto, por lo que ambos apremiaron a las distintas partes implicadas a que actúen con celeridad para que el nuevo edificio judicial esté listo cuanto antes. El alcalde solicitó el respaldo de la consellería para la expropiación de los terrenos se pueda llevar a cabo en el plazo más corto posible (intentando llegar a acuerdos con los propietarios si es posible). Por ello insistía entonces en impulsar la declaración de interés público del proyecto sectorial que permitirá la actuación en un terreno ya calificado como suelo para equipamientos.
Por su parte, Rueda Valenzuela solicitaba al gobierno local, igual que ahora, que ponga a disposición de la Xunta este solar "cuanto antes", ya que "el edificio se empezará a construir al día siguiente" de que esto ocurra. Calculó un plazo de ejecución de unos dos años.