F. MARTÍNEZ - PONTEVEDRA
"Era el responsable de un partido político y tenía la obligación de salir en defensa de un miembro de mi partido. No acusé a Mariano Abalo de terrorista en cuanto a cometer asesinatos, pero es cierto que Mariano Abalo nunca condenó un asesinato terrorista, cuando se habían cometido varios aquel año". Es parte del alegato final del diputado provincial y ex alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo Villar, tras ser juzgado de los supuestos delitos de calumnias e injurias, por calificar de "terrorista" al concejal de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), Mariano Abalo.
Por estos hechos, cometidos en el año 2004, la acusación particular solicitó dos años de prisión para el ex regidor del Partido Popular. En el juicio celebrado ayer en el Penal 3 de Pontevedra se retiró la acusación contra el ex concejal popular Carlos Vázquez Marinelli, quién también habría llamado "terrorista" a Abalo pero, tal y como entendió la propia acusación, en un contexto de gran tensión, tras un pleno municipal convulso en el que el propio acusado fue víctima de intentos de agresión por parte del público asistente.
Acusación "sin tensión"
Por el contrario, el motivo que llevó a mantener la acusación contra el ex alcalde es que éste realizó sus declaraciones en una rueda de prensa posterior, en un ambiente pacífico y exento de tensión política, en el que Sotelo esgrimió un diccionario para leer el significado exacto de la palabra "terrorista" y que el primer edil aplicó "consciente y serenamente" a su rival político.
El ministerio público, por su parte, optó por no presentar cargos contra ninguno de los acusados, por considerar que aquellas declaraciones se realizaron en un contexto de "fragor de la contienda política", en el que "la tutela del derecho al honor se debilita, cuando los titulares de ese derecho son personas públicas y se encuentran en un contexto político", argumentó el fiscal. Para el denunciante, Mariano Abalo, la decisión del fiscal demuestra "una parcialidad evidente, en favor de los partidos políticos grandes".
La calificación de "terrorista" se produjo por parte de Vázquez Marinelli tras un tenso pleno de julio de 2004, en el que fueron aprobados los controvertidos convenios urbanísticos de Massó y Aldán. Marinelli llamó "terrorista" a Abalo por considerar que era el inductor de un intento de agresión a los miembros del gobierno local, por parte de un grupo de personas que acudieron al pleno. Días más tarde, el entonces alcalde ofreció una rueda de prensa para "ratificar" la acusación de su concejal. "Insisto públicamente en que Abalo es un terrorista", dijo Sotelo, tras leer la definición de este término en un diccionario.
La acusación particular trató de justificar la calificación de calumnias e injurias en que el regidor no hizo estas declaraciones enardecido por una situación política convulsa, sino "tranquila y meditadamente, sentado en su despacho, fuera de cualquier situación de excitación". Fue un calificativo que, según la acusación particular, perjudicó seriamente a Abalo. "Sotelo sabía que un calificativo así pondría a mucha gente en contra de Mariano Abalo y que podría causarle muchos problemas", argumentó el letrado, José Chapela.
Libertad de expresión
Por su parte, la defensa de Sotelo y Marinelli sostuvo que las palabras de los ediles del grupo de gobierno no tenían la intención de injuriar o calumniar a Abalo y que se produjeron en un contexto de "gran violencia" en el municipio, que situaban al concejal de ACE "en el centro de la polémica". El abogado de Sotelo invocó el derecho a la libertad de expresión y a la "crítica política" para justificar las palabras del ex alcalde.
En muchos momentos de la vista la defensa de Sotelo invirtió el objeto del juicio, para volver la acusación contra Mariano Abalo, al que responsabilizó de incitar a los vecinos a agredir a los concejales del grupo de gobierno tras el polémico pleno del 30 de julio de 2004. "Mariano Abalo dio expresamente indicaciones para impedirles la salida a los concejales del gobierno, dio instrucciones al público", argumentó el abogado.
Incidió en esta idea el el ex concejal de Urbanismo de Cangas Miguel Ángel Gómez Millán, que compareció como testigo de la defensa. En su declaración, el ex edil insistió en el argumento de la "provocación" de Mariano Abalo, a quién acusó de "liderar" a los vecinos que trataron de agredir al grupo de gobierno tras el conflictivo pleno. "Él estaba detrás de la protesta, decía que le importaba tres narices lo que se votara porque ya se encargaría él de echarlo abajo. Tiraba monedas sobre la mesa de la presidencia, provocaba a la gente que estaba allí", declaró Millán.
La acusación se quejó al tribunal de esta "inversión" del juicio en contra del demandante.
