S. R. - PONTEVEDRA
"Comprobamos o escaso número de prazas públicas en centros de acollemento para mulleres vítimas de violencia de xénero na nosa comunidade". Es una de las conclusiones del informe elaborado por la Secretaría da Muller del sindicato Comisiones Obreras, que constata que en toda Galicia se ofertan un total de cien plazas (75 en casas de acogida y 25 en viviendas tuteladas) "pero hai que ter sempre en conta que cada fillo ocupa unha praza".
Por su parte, la iniciativa social (organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro etc) atiende a mulleres víctimas de violencia pero con problemáticas específicas que no tienen cabida en los centros públicos, como personas enfermas, drogodependientes, inmigrantes sin papeles "co que se mesturan problemáticas moi desemellantes e dificúltase o seu tratamento por parte de profesionais", señala el informe.
Éste fue presentado ayer por Luz Nercellas, responsable de la Secretaría de Muller de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras y por Ángela Comesaña, nueva responsable del área de mujer en la Federación de Servicios a la Ciudadanía.
Ambas incidieron en la importancia de dotar de más medios las distintas estructuras de lucha contra la violencia de género y atención a las víctimas. En el caso de los centros de acogida, criticaron la falta de plazas y la dispersión de la oferta "de modo que las mujeres pasan del maltrato al peregrinaje por distintas administraciones, en una fase de sus vidas en la que un sólo día puede significar una víctima mortal más".
En el caso de la provincia de Pontevedra las maltratadas cuentan con sólo 20 plazas en casas de acogida (frente a 30 en A Coruña) y ni una sola institución para mujeres en riesgo de exclusión.
Todas las plazas se concentran en el Centro de Emerxencia de Mulleres Maltratadas de Vigo y Pontevedra es, con Santiago, de las grandes ciudades gallegas sin ningún equipamiento residencial para víctimas de violencia de género.
Entre las propuestas que plantean los autores del informe figura la creación de centros residenciales especializados. "Como mínimo dous, un na zona norte de Galicia e outro na sur, para mulleres vítimas de violencia con problemáticas sobrevidas (patoloxías mentais, drogodependencias etc) a onde se deriven estes casos dende os centros residenciais".
Otro de los aspectos que constata el informe es que la totalidad de los puntos gallegos de encuentro familiar, aún pudiendo ser de titularidad pública, dependen en estos momentos de entidades privadas acreditadas.
El análisis elaborado por Comisiones Obreras (que detalla un amplio catálogo de recursos en materia de equipamientos judiciales, policía, teleasistencia o ayudas económicas a víctimas) constata en general una falta de suficiente personal en las fuerzas de seguridad y en los centros para hacer frente con mayores garantías al problema de la violencia de género.
